“Felices lo que poco esperan, porque jamás serán defraudados”, dijo una vez Marcos Mundstock, de Les Luthiers. Con esta frase, el especialista en impuestos para empresas agropecuarias, Mariano Echegaray Ferrer, buscó reflejar el impacto de la modificación de Ganancias en el agro, ya que alertó que tendrá un efecto importante sobre pequeños productores y economías regionales.
La reforma, que tendrá diferentes y graduales alícuotas, dependiendo de las ganancias netas de cada empresa, fue criticada ya por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap). Respecto de las alícuotas, en el primer escalón será de un 25% hasta $1,3 millones anuales de ganancias netas. Luego, en un 30% para los que declaren ganancias por $2,6 millones. Por último, un 35% para ganancias superiores a $2,6 millones.
Para Echegaray Ferrer, la falta de actualización en la escala de ganancias distorsiona los valores de la producción de agropecuaria. En rigor, hizo un análisis sobre cuál era la incidencia del impuesto para la producción en 2001, donde para acceder a la tasa máxima había que tener ganancias superiores a $120.000 y su comparativo con 2020.
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“En 2001, trabajando en valores promedios, en la escala máxima del 35% se pagaba arriba de $120.000. Ese valor representaba a 22 camiones de soja (660 toneladas), que significan con un rinde promedio de 27 quintales el resultado de unas 244 hectáreas de producción. En tanto, en 2020 solo un camión y medio, que representa 44 toneladas en una producción de seis hectáreas, ya hace tributar la máxima escala”, dijo
“En cuanto al maíz, en 2001 con la misma escala, eran 42 camiones, que representaban 1264 toneladas y la producción de 70 quintales en 180 hectáreas. En 2020, solo dos camiones, que representan 75 toneladas en una producción de 11 hectáreas, hacen pagar el más alto escalón impositivo”, agregó.
En este sentido, recordó que, si bien en 2017 hubo una actualización en la escala, esta fue de manera “desfasada con respecto a la inflación acumulada en los 15 años anteriores”.
“Desde ese entonces se utilizó el indicador de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), que también distorsiona el cálculo, porque su aplicación es un año anterior al pago del impuesto”, remarcó.
Afirmó que con esto se discrimina a quien asume el riesgo empresarial, invierte y tiene que cubrir créditos. “Este proyecto de modificación del Impuesto a las Ganancias, que apunta a incrementar el monto a partir del cual un trabajador empieza a abonarlo, es muy bueno y da alivio a los trabajadores. Un trabajador que tenga tres veces más ingresos que un responsable inscripto podrá evitar el pago de Ganancias, en tanto este último, no”, ejemplificó.
En este sentido, dijo que no es correlativo para el resto de los contribuyentes, como lo son los responsables inscriptos. “Pega de lleno a los pequeños productores y a las economías regionales que asumen todo el riesgo e invierten y los lleva a absorber costos que exceden a la capacidad de pago que el fisco exige y lleva a que queden marginados”.
Por este motivo, Carbap envió una carta a los legisladores bonaerenses y pampeanos para decirles que de aprobarse el proyecto la producción será “imposible e inviable porque aumentaría de manera brutal la presión impositiva sobre las empresas”.
“De aprobarse este proyecto, cualquier empresa y de cualquier actividad de carácter societario que tenga un ingreso neto superior a $220.000 mensuales estaría alcanzada por la tasa máxima del 35%”, señaló.
“Seguramente se vería afectada la inversión y la generación de empleo ya que muchas pequeñas y medianas empresas deberían disponer de su capital de trabajo o de la venta de activos para poder hacer frente al pago de este tributo”, indicó.
Por último, el tributarista opinó que no hay que “esperar soluciones desde el fisco, sino impulsar a cada contribuyente a trabajar desde su gestión para conocer, anticipar y planear el efecto de los impuestos, cambiando el relato por el dato”.
Fuente: La Nación
