Miguel Etchevehere, flamante ministro de Agroindustria, recibió un rosario de recomendaciones por sus empresas privadas vinculadas al agro y a la comercialización de campos, que podrían entrar en conflicto de intereses con su gestión en la administración pública.
La Oficina Anticorrupción (OA) le envió a Etchevehere una nota bajo el título «Indicaciones y recomendaciones preventivas», donde consignó un listado con las cinco empresas donde el funcionario tiene participación, dado que lo podrían dejar en jaque por el Código de Ética Pública. Cerca del funcionario aclararon que «cuando asumió el 21 de noviembre en el ministerio, Etchevehere no tenía ningún cargo directivo en ninguna de las firmas».
«En virtud de la trascendencia de sus funciones sobre el sector agropecuario, deberá evitar la compra de acciones en empresas relacionadas con la actividad, así como integrar asociaciones vinculadas al sector que regula. Los intereses públicos que debe tutelar resultan incompatibles con cualquier interés sectorial», recalcó la nota del organismo de control que conduce Laura Alonso.
La OA viene realizando reportes de las áreas que son consideradas críticas porque están vinculadas directamente a un sector económico específico y porque incluyen en su plantel a hombres con pasado empresario. Más de 100 funcionarios de Cambiemos recibieron notas con «recomendaciones preventivas». Hasta ahora no existieron denuncias del organismo de control en la Justicia por conflictos de intereses comprobados.
El cargo en la Rural
El flanco más débil de Etchevehere, por ahora, es su rol como ex presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), cargo que dejó para asumir en la gestión de Mauricio Macri. Cuando renunció el 31 de octubre como titular y como socio de la entidad, el directorio de la SRA le otorgó un bono de $500.000. Esa situación despertó polémica y le valió una denuncia penal. Etchevehere explicó: «Se cerró la actividad con la entidad anterior, se liquidaron los sueldos pendientes con la mayor transparencia».
En su nota, la OA manifestó en alusión a esa entidad: «Dada la directa vinculación entre la SRA y sus atribuciones como ministro de Agroindustria, debe renunciar a cualquier cargo remunerado u honorario como condición para el ejercicio de su cargo público».
En el mundo privado, antes de asumir, Etchevehere se encontraba a cargo del departamento inmobiliario de Etchevehere Rural SRL, una empresa dedicada a la consignación de hacienda, la administración de campos y la comercialización de terrenos. Con Establecimiento Rural La Margarita SA, en tanto, se dedicaba al cultivo de cereales.
En el mundo inmobiliario, el ministro fue director suplente de la firma Los Vascos Propiedades SA. Además, fue director de Construcciones del Paraná SA, que tiene como objeto social realizar obras como contratista del Estado, entre otros puntos.
La empresa familiar Entre Ríos SA, en tanto, se dedica a la impresión de diarios y revistas y a servicios de publicidad en esa provincia.
En su informe, la OA, conducida por Laura Alonso, le recordó a Etchevehere cuáles son los recaudos que tiene que tomar para no incurrir en irregularidades. «Se le recuerda que tiene vedado dirigir, administrar o prestar servicios a quien tenga una concesión o sea proveedor del Estado en las áreas en las que tenga atribuciones como ministro de Agroindustria«, señaló. Y puntualizó: «Debe abstenerse de tomar intervención, en su gestión pública, en cuestiones particularmente relacionadas con las sociedades que integra».
Consultados por este tema explicaron que el ministro es solo «accionista simple» de Establecimiento Rural La Margarita SA, Los Vascos Propiedades SA, Entre Ríos SA y Constructora del Paraná.
«En Etchevehere Rural SRL estaba con licencia sin goce de sueldo y renunció como empleado el 17 de noviembre de 2017. Hoy tiene cuotas partes en la sociedad», agregaron.
Antes de que asumiera Etchevehere en Agroindustria, la OA hizo un extenso informe durante la gestión de Ricardo Buryaile, en el que consignó los potenciales riesgos que tenían los miembros del ministerio. Se les aclaró específicamente que «resulta adecuado que se desvinculen y cesen como socios» de cualquier entidad agropecuaria para no beneficiar a ningún interés sectorial y se les encomendó que vendan acciones y que renuncien a los directorios de empresas vinculadas al campo.
FUENTE: La Nación
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