Los recortes que debe realizar el Gobierno de Mauricio Macri para reducir el déficit fiscal no escapan a los sectores agroindustriales y afectan a la cadena vitivinícola, donde hay preocupación ante una inminente baja de fondos por parte del Ministerio de Agroindustria en la campaña para combatir la lobesia botrana, una plaga que ataca el cultivo de la vid y que produce pérdidas en los volúmenes de producción.
Fuentes del sector explicaron que la cartera oficial informó que la ley 27.227 (donde se declara de interés nacional el control de la Lobesia botrana) «no tiene fondos asignados porque nunca fue reglamentada», es decir que depende de una asignación específica extraordinaria.
«En diferentes reuniones previas, desde el Ministerio han dejado trascender que habría una partida de fondos mínima, remanente del año anterior. En algún momento se habló de la posibilidad de que el aporte sea de unos 250 millones de pesos (alrededor del 60% del presupuesto anterior), pero aún no hay definiciones, pese a que sigue abierto el diálogo», informaron fuentes consultadas.
Carlos Fiochetta, gerente general de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), explicó que la ley no diferencia entre bodegas y productores, sino que estratifica por superficie en cantidad de hectáreas. La regla sectoriza tres tipos de producciones: menos de 25 hectáreas, entre 25 y 75, y más de 75 hectáreas.
«Según la normativa, el Ejecutivo nacional debe disponer de los fondos para el combate de la polilla de la vid y parte de ese dinero debe ser reintegrado por los privados al Estado en diferentes proporciones. Para los productores con menos de 25 hectáreas reintegra 0%, para los productores de entre 25 y 75 hectáreas reintegra 8,8%, y para las producciones de más de 75 hectáreas, reintegra 12,5%», explicó Fiochetta.
«La ley establece reintegros por parte del sector privado, mientras más grande es el productor, más debe reintegrar. Según evaluaciones técnicas para este ciclo 2018/2019, el Estado nacional debería disponer de alrededor de 20 millones de dólares, de los cuales aproximadamente un millón deberían ser reintegrados por los privados al Estado», dijo Fiochetta.
Fuente: La Nación
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