Casi todas las provincias tienen problemas para conservar los caminos rurales. En Córdoba, una modalidad difundida es que un grupo de productores formó un consorcio y la Dirección de Vialidad le asigne una determinada cantidad de caminos para conservar o restaurar. De efectividad probada que funcionan desde hace 60 años, los consorcios camineros de Córdoba reclaman ahora un mayor flujo de fondos y que se nacionalice el sistema.
“Queremos que se haga una legislación a nivel nacional, para que el sistema sea considerado”, explicó, Antonio Picca, presidente de la asociación de consorcios camineros de Córdoba.
Picca explicó que “del impuesto inmobiliario rural que paga el productor agropecuario, 30% es destinado para la conservación y obras de mejoramiento de los caminos rurales. Ese dinero va desde Vialidad a los consorcios camineros, que son entidades sin fines de lucro, integradas en su comisión directiva por productores agropecuarios, que son los mismos que aportan y los que usan los caminos. Esto hace más eficiente la tarea que hacen los consorcios en el año”.
Actualmente hay 289 consorcios agrupados en 19 regiones; mantienen 57.869 kilómetros de caminos de tierra y todos están enmarcados dentro de la Asociación de Consorcios, que es la interlocutora entre el Gobierno y los consorcios.
“Hay parajes que ni siquiera son poblaciones y tienen un consorcio caminero que abarca cierta jurisdicción de kilómetros de camino conservados. Todo está controlado por Vialidad provincial. Hay un inspector por cada regional, que es quien califica mensualmente su estado de modo porcentual para luego pagar el precio lleno del kilómetro. Por eso los productores tratan de tener los caminos lo mejor posible”, dijo Picca.
Pero aquí el problema, advirtió el productor: “La bondad del sistema es que los mismos que usan los caminos son quienes los hacen, pero ante esa necesidad, a veces el Estado prioriza otras cosas y no paga, porque sabe que los productores seguirán manteniendo los caminos para su transitabilidad”. Y agregó: “Hemos estado hasta un año y medio sin cobrar en algunas oportunidades. Por eso yo estoy en la asociación, para dignificar al consorcista”.
Al respecto de otras provincias que tomaron precedentes de esta modalidad de consorcios camineros, Picca enumeró que “Córdoba creó los primeros consorcios en 1956. Luego le siguió Chaco en 1994, que copia el sistema y lo aplica a su jurisdicción, y pese a que todavía no tienen todos los kilómetros de caminos conservados, sigue creando consorcios. Y luego está Corrientes, que también está creando consorcios, y Entre Ríos, que está creando la legislación, para ver cómo aplicará el sistema”.
“Lo maravilloso de estos consorcios es la eficiencia. Ocurre que este sistema debe funcionar con recursos. Por eso otorgar sólo 30% del inmobiliario rural es poco. Donde yo vivo, en Río Segundo, nos dan 8.800 pesos por kilómetro por año desde el Gobierno provincial. Es el sistema más barato. Y como el mismo sigue funcionando, el Estado no se preocupa; tal es así que sería lo ideal que un consorcista ocupe el directorio de Vialidad, pero ni eso nos dan. Se abusan de este sistema de autogestión”, reclamó Picca.
FUENTE: Bichos de Campo
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