La decisión unánime del Superior Tribunal de Justicia entrerriano reconoce los límites para las pulverizaciones que dispuso la provincia y deja sin efecto el fallo anterior que había establecido una zona de exclusión de 1.000 metros para las aplicaciones terrestres alrededor una escuela.
En un fallo unánime, los cinco integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos fallaron a favor del decreto del gobierno entrerriano que en agosto organizó la aplicación de agroquímicos en la provincia, luego de un fallo que fijó una zona de exclusión de 1.000 metros para las pulverizaciones terrestres y de 3.000 para las aéreas alrededor de una escuela rural.
Los productores de Entre Ríos llevan meses protestando contra ese fallo judicial que se inició por un recurso de amparo que presentaron el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Angmer). Argumentaron que la aplicación de esa disposición judicial dejaba fuera de producción más de 300.000 hectáreas; una superficie equiparable a toda el área que se siembra con trigo en la provincia.
En el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos hay una salvedad importante: se deberá calcula la zona en la que las aplicaciones están restringidas a partir del límite del establecimiento y no desde el casco de la escuela.
El decreto 2.230 establece límites concretos para las pulverizaciones.
Aplicaciones terrestres:
Hay una zona de exclusión desde el límite de la escuela hasta un radio de 150 metros.
Entre los 150 y los 600 metros, se permite solamente el uso de los productos grupo o clase III y IV (según la clasificación Senasa).
De los 600 metros en adelante se pueden aplicar otros productos, siempre que estén aprobados por el Senasa.
Aplicaciones aéreas:
Hay una zona de exclusión total de las aplicaciones de agroquímicos de 500 metros alrededor de una escuela.
Desde 500 metros a 3.500 metros sólo se puede pulverizar con productos de los grupos III y IV.
A partir de los 3.500 metros están permitidos todos los productos aprobados por el Senasa.
En diálogo con Clarín Rural, Mariela Gallinger, referente de la filial de Crespo de Federación Agraria, destacó que los jueces comprendieron las graves consecuencias sociales que implicaba el fallo anterior y dijo que también fue muy importante la movilización de los productores para que se comprenda el reclamo.
“Ahora queremos que el gobierno entrerriano reúna a todas las partes para avanzar y consensuar políticas de estado, como lo ha hecho Córdoba, en la gestión de las Buenas Prácticas Agrícolas y el uso de los fitosanitarios. Sigo apostando a tender puentes de diálogo”, insistió Gallinger.
Andrés Domínguez, docente de Derecho de la Universidad de Belgrano y de la Universidad Nacional de la Plata, analizó el fallo desde el punto jurídico. “Un elemento novedoso es que, sin dejar de lado un ápice de las normativas ambientales y ni bajar de rango los principios que se pretenden preservar, da cuerpo a otro enfoque sobre el rol que debe tener el Poder Judicial a la hora de actuar y fallar en casos ambientales”, explicó.
En su visión, se abre una puerta de solución más duradera al conflicto, con un enfoque de avances progresivos, que tiene en cuenta la visión de todas las partes, intentando no dejar de lado la información científica ni el cuidado ambiental.
Pero también reconoció que no descarta la posibilidad de otros “fallos restrictivos hacia el futuro en Entre Ríos y en otras jurisdicciones o bien en la esfera nacional”.
Este martes, los productores entregarán un petitorio al gobernador Gustavo Bordet para que convoque a los ambientalistas, agricultores, ingenieros agrónomos y científicos para que se puede avanzar en políticas de fondo en todo lo que tiene que ver con la producción sustentable y que respete el ambiente.
Fuente: Portal Caña
