A Ramón Antonio Herrera lo mataron dos jóvenes en una finca ubicada en Los Nogales, camino a Tafí Viejo.
Primero le dispararon a menos de 20 centímetros de distancia en el pecho y, cuando estaba tendido en el suelo, lo remataron con otro tiro en la nuca. Luego huyeron, pero uno de ellos fue atrapado ayer a la mañana. Por el crimen, distintos sectores productivos y el gremio que nuclea a los trabajadores unieron sus voces para repetir su reclamo al Gobierno para reclamar mayores medidas de seguridad para el campo.
La víctima, de 55 años, se desempeñaba como rondín en una finca que está ubicada sobre la ruta 9. Su horario de trabajo era de 8 a 18. Pero el martes no regresó. Su esposa realizó ayer a primera hora la denuncia por desaparición de persona. Sus compañeros de tarea, al enterarse de que nunca había llegado a su vivienda, salieron a buscarlo. Lo encontraron tirado en el suelo, con dos balazos, y dieron aviso a la Policía.
“Ya no se puede creer lo que está pasando. Él estaba trabajando. No merecía tener una muerte así. Lo mataron como a un perro”, explicó Mario Jiménez, compañero de trabajo. “En las fincas estamos expuestos a cualquier tipo de hechos. Hay mucha gente que no tiene para comer y entra a buscar limones para salir a vender. Nos pagan para evitar eso”, explicó Fernando Décima.
La familia de Herrera habría declarado que el rondín realizaba esa tarea desde hace bastante tiempo. La empresa para la que trabajaba -hasta el momento no se informó oficialmente cuál era- le entregaba una motocicleta para que hiciera los recorridos, pero no le brindaba elementos de protección y, mucho menos, un arma para defenderse ante cualquier robo.
El sereno se transformó en la segunda víctima de un hecho de inseguridad en el campo en lo que va del mes. El martes 15, Américo Ferreyra, de 75 años, que se dedicaba a la compra y venta de maquinaria agrícola, fue ultimado a balazos por una banda de asaltantes que ingresó a su propiedad de Río Colorado. Supuestamente, los delincuentes habían recibido la información de que el comerciante había realizado una operación y fueron en busca del dinero. Sin embargo, el grupo de delincuentes ingresó a la casa del hijo de Ferreyra, quien murió cuando se levantó para ver qué estaba ocurriendo en lo de su hijo.
Piden una reunión
“Ya pedimos oficialmente a la Cámara una reunión urgente para que tratemos este tema. Este es el segundo caso de estas características que sufrimos en lo que va del año. Queremos que se tomen medidas urgentes para tratar de frenar los casos”, sostuvo Ricardo Ferreita, delegado de Uatre, el gremio que nuclea a los trabajadores del campo. “Por cómo están las cosas en el campo, firmar un contrato es como rubricar un certificado de defunción”, agregó Ramón Ayala, también sindicalista.
El gremialista señaló que cada vez son más las empresas que, una vez terminada la temporada, contratan a trabajadores para que realicen tareas de vigilancia. “No sólo no están capacitados para realizar esa tarea, sino que no estamos seguros de que reciban los elementos necesarios para protegerse”, explicó.
“Estamos ante una situación muy compleja. Por la crisis social y económica que estamos padeciendo los argentinos, hay muchas personas que ingresan a las fincas a robar frutas para luego venderlas en la calle. Nuestros agremiados entonces están obligados a tratar de frenar ese delito, lo que es muy complicado”, comentó Ferreira. “La idea es que el encuentro se realice en el ámbito del Ministerio de la Producción para que entre todos busquemos las soluciones, no es sencillo, pero tampoco complicado”, concluyó.
LA GACETA se comunicó con voceros de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (Acnoa) para que expresaran su opinión sobre el tema, pero dijeron que no lo harían porque consideraron que se trataba de un hecho más de inseguridad.
“Estamos preocupados por los trabajadores y por los productores. Hay una dura realidad: cada vez son menos los que quieren quedarse en el campo por temor a sufrir algún tipo de delito. Necesitamos que tenga la importancia que se merece a este problema”, opinó el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, Sebastián Murga.
El dirigente recalcó que desde hace tiempo mantienen reuniones con las autoridades con el ministro de Seguridad Claudio Maley; el ministro fiscal Edmundo Jiménez; el jefe de Policía Manuel Bernachi y los responsables de la Dirección de Delitos Rurales y Ambientales de la fuerza. “La idea era que entre todos busquemos solucionar los problemas de inseguridad que venimos teniendo desde hace bastante tiempo sin resultados. Estamos muy preocupados desde hace tiempo y hasta convocamos a un encuentro para que el procurador general de la provincia de Buenos Aires explique cómo es la tarea que realizan en contra de los delitos rurales”, dijo.
“Sabemos que uno de los grandes problemas que tiene Delitos Rurales es que no cuenta con los recursos suficientes para poder hacer tareas de prevención. Le sugerimos al ministro Maley que solicite que se le otorguen camionetas recuperadas del delito para que las utilicen ellos, pero hasta el momento no tuvimos respuestas”, comentó Murga. “Pretendemos que entre todos busquemos las soluciones. No deben olvidarse que los productores son los que más saben sobre lo que está ocurriendo en el campo”, concluyó.
Fuente: La Gaceta
