Luego de que el presidente electo Alberto Fernández señalara que el campo, la minería y el sector petrolero debían realizar un «esfuerzo» de cara a su gobierno, la Federación de Acopiadores de Granos le pidió al futuro jefe de Estado que la política también contribuya con un esfuerzo.
«Eso está muy bien (por el esfuerzo pedido al sector), pero con mucho respeto le digo al presidente electo que sería bueno que la política se sume a ese esfuerzo porque, por ejemplo, se nos fueron 37.000 millones de pesos en un Congreso que sesionó solo seis veces en un año mientras tenemos un 38% de pobreza», dijo Fernando Rivara, presidente de la entidad durante un brindis de fin de año que realizó hoy.
En este contexto, Rivara también reclamó la reducción de los impuestos distorsivos sobre la actividad. «Reiteramos la necesidad de reducir, tal cual estaba previsto, la incidencia de impuestos muy distorsivos que afectan las transacciones y, por lo tanto, la actividad de nuestras empresas acopiadoras (débitos y créditos, sellos, ingresos brutos). Siempre estaremos dispuestos a competir por eficiencia, pero no podemos aceptar perder competitividad por imperio de impuestos distorsivos», puntualizó.
La entidad agrupa a unas 1000 empresas que representan el 40% del acopio en el interior del país y prestan servicio al 70% de los productores. Invirtieron US$3000 millones en su actividad.
Más allá de esa respuesta a Fernández, la cámara bregó por actualizar reglas y usos en el sector. «Desde el sector privado nos debemos una actualización de las reglas y usos del comercio de granos que genere mayor eficiencia administrativa y equidad en las prestaciones recíprocas, previendo situaciones de alta inflación y volatilidad cambiaria», dijo.
Luego, se refirió al transporte: «Seguimos bregando por consolidar la libertad y un esquema de tarifas referenciales cuya aplicación no discrimine fuertemente a las plantas de acopio». Los acopios comercializan el 50% de los granos y distribuyen el 40% de los fitosanitarios.
La entidad también pidió que, más allá del cambio de autoridades, continúe la política de control que desde el actual gobierno se llevó adelante para frenar la informalidad.
«Creemos conveniente continuar con los lineamientos y las acciones referidas al contralor comercial agropecuario a cargo de su actual organismo (la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario del Ministerio de Agricultura), que por razones técnicas debería mantener cierta autonomía, al margen de los cambios políticos», señaló Rivara.
Fuente: La Naión
