La asamblea realizada anoche en la Sociedad Rural de Río Cuarto continuó acumulando la “bronca” del campo por la suba de retenciones que pone los números en rojo en las explotaciones agropecuarias. De todas maneras, no se llegó a considerar que sea el momento oportuno de disponer medidas masivas de protesta.
Todavía se confía en que el gobierno de Alberto Fernández, que amaga con promesas de atender algunos de los reclamos, abra una vía de diálogo efectivo.
Junto con esas comprobaciones, la deliberación de la que participaron más de medio millar de productores en la Sociedad Rural de Río Cuarto permitió constatar, por una parte, que sectores de “las bases” están dispuestos a las más drásticas medidas, como una “rebelión fiscal” o ceses temporarios de comercialización y, por otro lado, que la Comisión de Enlace se mantiene monolítica.
La Mesa goza «de muy buena salud», se afirmó desde el estrado que condujo la asamblea, dónde se ubicaron los presidentes de tres de las centrales agropecuarias nacionales: Carlos Achetoni de la Federación Agraria Argentina; Daniel Pelegrina de la Sociedad Rural Argentina, Jorge Chemes de Confederaciones Rurales Argentinas; y Alejandro Buttiero, por CONINAGRO, en su condición de presidente de la conducción cordobesa de la entidad.
Quiénes pagan el impuestazo
Luego de escucharse a oradores que se expresaron desde la concurrencia y a los cuatro dirigentes, se aprobó un documento que, en uno de sus puntos más concretos, señala sobre quiénes el gobierno nacional ha descargado el peso del “impuestazo” y del ajuste, a través de la Ley de Superpoderes: esta “expropiación solidaria” -se puntualizó- saldrá de los jubilados, la clase media, las economías regionales y la producción en general.
Quiénes esquivan el bulto
En cambio, ningún esfuerzo se hace en la contraparte. Por eso, se sostiene que “es imprescindible que el Estado se comprometa a achicar los costos de la política y bajar el gasto público. Mientras se agobia a los sectores productivos con una mayor presión tributaria, no se observan señales ni voluntad política de reducir los gastos en los tres poderes del Estado, tanto nacionales, provinciales como municipales”.
Tractorazos
Para la semana que viene están anunciados, cuanto menos, dos “tractorazos”: uno en Pergamino, que tendrá lugar el próximo martes a las 10.
El otro se organiza para el miércoles en Córdoba.
El documento
El documento aprobado en Río Cuarto consta de 9 puntos, que son los siguientes:
1) Se expresa el contundente rechazo a los derechos de exportación, cuyas últimas subas golpean fuertemente a todo el sector agropecuario y en especial al interior productivo. Esto, sumado al desdoblamiento cambiario, sólo provocará una fuerte retracción en la producción, atentando contra el empleo y la generación de recursos, a la vez que impactará directamente en la sustentabilidad del sistema, fundamental para el equilibrio social, ambiental y económico.
2) El sector agropecuario estuvo siempre a la vanguardia de todo compromiso para ayudar a superar las distintas crisis que ha vivido nuestro país, pero no se puede seguir sacando del mismo bolsillo. Menos aun cuando la suba en los derechos de exportación se anuncia en plena campaña agrícola, de resultados inciertos por los factores climáticos, dejando a numerosos productores con rentabilidad nula o negativa. Los últimos informes indican que en el último trimestre volvió a aumentar considerablemente la participación del Estado en la renta agrícola, representando ya un 60,4 por ciento.
3) La transferencia del campo al Estado se estima en alrededor de 180 mil millones de dólares en los últimos 18 años, observándose que este enorme aporte no fue utilizado para morigerar los índices más sensibles para la sociedad como la pobreza, la indigencia y el desempleo, o para mejorar los niveles de educación y salud públicas.
4) La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública, recientemente sancionada por el Congreso Nacional (delegando en el Poder Ejecutivo facultades que son propias del Legislativo), implica un drástico ajuste y “expropiación solidaria” que saldrá de los jubilados, la clase media, las economías regionales y la producción en general.
5) Es imprescindible que el Estado se comprometa a achicar los costos de la política y bajar el gasto público. Mientras se agobia a los sectores productivos con una mayor presión tributaria, no se observan señales ni voluntad política de reducir los gastos en los tres poderes del Estado, tanto nacionales, provinciales como municipales.
6) Es imperioso conocer cuáles son los lineamientos económicos del Gobierno Nacional en el mediano plazo para tener un marco de previsibilidad no sólo en la producción agropecuaria sino en los distintos sectores motorizadores de la economía.
7) La necesidad de contar con reglas claras tiene que estar acompañada con el cabal conocimiento de las actividades de las distintas ramas de la producción por parte de las autoridades. En ese sentido, sonaron desconcertantes las declaraciones de la más alta investidura gubernamental cuando dijo que la producción de leche no tenía insumos dolarizados. Es necesario aclarar que el productor tambero sólo se lleva el 30 por ciento de lo que el consumidor paga en el supermercado y se estima que el 78 por ciento de los costos de un tambo están dolarizados.
8) Se mantiene el estado de alerta permanente con el acompañamiento continuo a nuestros representados. Al mismo tiempo, se propende a agotar todas las instancias de diálogo con el Gobierno Nacional para buscar soluciones que vayan más allá de la coyuntura.
9) Se solicita a la Mesa de Enlace Nacional que esté presente en todas las instancias de diálogo y participación posibles.
Fuente: Agro Verdad
