Más de 700 personas asistieron al encuentro en Pergamino. También reafirmaron su postura ante las retenciones y solicitaron un cese de comercialización de granos.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) llevó a cabo una nueva Asamblea de productores en Pergamino, Buenos Aires. La entidad junto a CRA y más de 700 productores ratificaron su postura ante las retenciones y establecieron el 31 de enero como fecha límite de diálogo con el Gobierno.
En este sentido, luego de dos horas de debate entre los presentes acordaron una serie de puntos. Estas acciones de común acuerdo buscan que Alberto Fernández dé señales al sector en cuanto a su plan de gestión para el campo.
El presidente de CARBAP, Matías De Velazco sostuvo ante los presentes: “Que la voz del campo se escuche fuerte, que retumbe en la Casa Rosada». Entre los convocados para la Asamblea se encontraban funcionarios de Juntos por el Cambio como Lucila Lehmann y Luciano Bugallo.
Por su parte, Jorge Chemes presidente de CRA sostuvo: «Los Argentinos venimos soportando un paquete impositivo que resulta confiscatorio”. Además, agregó que el Campo no tiene que firmar ningún papel para “demostrar su generosidad”, siempre puso el hombro y hasta pagó más de lo que muchas veces pudo.
De esta manera, el encuentro fue tomando forma y los debates sobre los pasos a seguir fueron ganando lugar. La Asamblea estuvo integrada por representantes de todas las entidades como la sociedad Rural de Pergamino, Jorge Josifovich; presidente de Federación Agraria, Carlos Achetoni; entre otros.
La Asamblea resolvió solicitar el cese de comercialización granos como respuesta al aumento de impuestos provinciales y retenciones. Además, acordaron que se debe mantener la unidad de los productores para hacer un reclamo efectivo, al igual que manifestaron la necesidad de una Mesa de Enlace unida.
El punto clave fue el llamado al paro, en caso de que para el 31 de enero el Gobierno no dé una señal o respuesta. En este sentido, los productores fueron tajantes y pusieron esta fecha como ultimatum. Por otra parte, volvieron a solicitarle al Estado un ajuste de la política, ya que argumentaron que todos los sectores hacen un esfuerzo excepto los funcionarios.
Las prácticas del pasado fueron rechazadas y pidieron “no innovar” en medidas que fracasaron como los Registros de Operaciones de Exportación (ROE) para trigo y maíz. En este sentido, también manifestaron su “preocupación” por una mirada sesgada de funcionarios hacia la producción agroalimentaria.
Por último, los productores mostraron su malestar con los Estados locales ya que a los impuestos provinciales y nacionales, se sumaron los municipales. En este sentido, explicaron que hay abusos de algunos municipios que tienen tasa y gravámenes alejados de la realidad.
Fuente: agrofy
