Tucumán se caracteriza por la heterogeneidad y riqueza en sus suelos. Sin embargo, desde la expansión de la frontera agropecuaria- y durante muchos años hasta el día de hoy- nuestros suelos sufrieron un desmonte indiscriminado y malas prácticas de manejo. Resultado: inundaciones, erosión hídrica, suelos compactados y salinización.
El pasado 6 de enero se sancionó la ley provincial 9.374 en la que se declara de Interés Público “la acción pública y privada que tienda a la conservación del suelo agropecuario y/o forestal”. Estas acciones apuntan directamente a evitar daños y mitigar la erosión; a mantener y mejorar capacidad productiva del suelo, y también la retención de agua.
Esta ley, «tiene por finalidad comprometer al sector productivo a realizar acciones para disminuir el escurrimiento generado en los campos de cultivo. Al mismo tiempo, se establece como prioritario atender las externalidades negativas, lo que incluye cambios en el estado de los suelos e intervenciones en la cuenca hidrográfica donde dichos campos se encuentran», explicó el el titular de la subdirección de suelos de Tucumán, ing. Jorge Carrero Valenzuela.
Además destacó que «ya en el año 1991 la Intervención Federal solicitó la elaboración de leyes ambientales, para la mitigación de los efectos de la erosión hídrica en lotes en producción. Pero, estas normativas fueron hechas a nivel predial, tranqueras adentro. Sin considerar, los efectos generados en la cuenca hidrográfica, particularmente en su infraestructura. Actualmente, nos encontramos con las consecuencias de la sumatoria de los escurrimientos, derivados de lotes que no llegaron a ser mitigados por las prácticas conservacionistas aplicadas para el control de la erosión«.
Los efectos a los que se refirió Carrero Valenzuela son observables en la estructura tanto pública como privada, alcanzando su máxima expresión en las inundaciones producidas en el sur de la provincia los últimos años.
Concretamente, los objetivos de la actual legislación pretenden que los suelos de los paños productivos incrementen su capacidad de infiltración y, con ello, atenuar el impacto de la suma de escurrimientos. «Se trata de que cada propietario ordene, a través de prácticas estructurales como lagunas de laminación, canales de guardia, siembra en terrazas y curvas de nivel; y/o no estructurales como descompactado y manejo de coberturas; sus escurrimientos de modo tal que no generen y/o mitiguen los impactos que hoy observamos«, señaló Carrero Valenzuela.
Además, la ley contempla el tratamiento de sucesos en la visión de la microcuenca hidrográfica, ya que cualquier tipo de intervención antrópica tiene algún efecto y es menester analizarla a fin de evaluar impactos, así como proponer y aplicar las medidas mitigatorias.
La autoridad competente- para asegurar el cumplimiento de esta ley y poseer la facultad de intervenir en pos de la conservación del suelo- es la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos de la provincia (DFFSyS).
Consultado por las acciones que se vienen llevado a cabo por parte de la subdirección de suelos, el ingeniero Carrero comentó que se vino trabajando durante la elaboración del proyecto de ley, antes de su promulgación, en la recuperación de suelos anegados o en proceso de salinización, a través de intervenciones en sistemas de canales de desagüe/drenaje ubicados en diferentes zonas del territorio sujetas a riesgo hídrico.
«En el período 2018-2020 se trabajó en conjunto con 18 empresas realizando diagnósticos edafológicos en distintas zonas de la provincia«.
Además, 171.190 metros de canalizaciones, con un movimiento de suelo estimado de 508.186 m3, trajo beneficios a 4.573 has. de cultivos aproximadamente, afectados por anegamientos y sedimentación.
Al mismo tiempo, los centros poblados de la zona mejoraron su situación, y 1.653 habitantes lograron mitigar el ingreso de agua a sus viviendas y recuperar la transitabilidad de la red terciaria.
Por otra parte, se presentaron propuestas para la elaboración de planes en dirección de manejo de cuencas hidrográficas.
Otro punto importante que destacó Carrero fue que «además de la problemática social, urbana y productiva que generan los suelos erosionados, existe una sección donde se prioriza el desarrollo, en un marco de sustentabilidad, de los recursos naturales involucrados«.
En este sentido, el manejo holístico de la cuenca hidrográfica, en referencia a la planificación y administración integral de la misma, para la conservación y uso productivo de los recursos naturales, con especial atención al suelo, es la base de la reglamentación.
También es de suma importancia la aplicación de un programa de ordenamiento territorial, con el propósito de asegurar que las actividades agropecuarias logren un desarrollo sostenible.
Desde la subdirección de suelos se recomienda que el productor analice cuál es el efecto que cada intervención antrópica produce en la microcuenca hidrográfica donde se encuentra ubicado.
«Aún prima en los productores resolver los problemas alambres adentro.
Nosotros observamos que prácticas como emplazamiento de terrazas para desagüe o absorción han disminuido notablemente el proceso erosivo dentro del predio pero los escurridos de las terrazas afectan la infraestructura pública y privada. Hoy, de lo que se trata, es de realizar un trabajo conjunto para disminuir estos efectos», concluyó Carrero Valenzuela.
