El CEO de una multinacional del agro defendió el nuevo impuesto

En medio de las fuertes críticas del campo y otros sectores en contra de la creación del impuesto a la “renta inesperada” anunciado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, para las empresas con ganancias superiores a $1000 millones, Antonio Aracre, CEO de Syngenta para Latinoamérica, justificó la medida como “un acto de responsabilidad” porque al mismo tiempo se dio a conocer un paquete de bonos para morigerar el impacto de la inflación sobre 13 millones de personas.

“Fue un acto de responsabilidad del Gobierno anunciar en forma simultánea a este gasto un ingreso extraordinario, en base a una propuesta de un impuesto por única vez qué afectaría a muy pocas empresas y, dentro de ellas, únicamente aquellas medianas o grandes que han tenido como piso una rentabilidad de diez millones de dólares, pero que aun así no alcanza; es una condición necesaria, pero no suficiente”, dijo a LA NACION.

En rigor, el ejecutivo remarcó que, para que se de esa última condición, se tiene que configurar la cuestión “inesperada” de esa rentabilidad que, si bien aún no está del todo definida, vendría por una comparación con la rentabilidad que tenían las empresas en años anteriores o por la magnitud del crecimiento que tuvieron.

Para el empresario, este nuevo tributo no entraría dentro de la categoría de una doble imposición porque “sería una progresividad mayor de la tasa del impuesto a la ganancia para un pequeño grupo de empresas, por única vez y a partir de un monto elevado de ganancias netas”.

Si bien remarcó que aún no está definido, Aracre entiende que a Ganancias se le haría un cambio por única vez para que la tasa que se tributa, máxima del 35%, sobre el exceso de los 10 millones de dólares sea del 40% o del 45%.

“Técnicamente es correcto, no afecta a personas físicas ni a pymes y tiene alguna característica de eventualidad”, afirmó. Agregó que, frente a la situación de emergencia, “parte del esfuerzo debería también buscarse en la eliminación de privilegios injustificados que hartan a la sociedad”.

El ejecutivo remarcó que el día en que se anunció este nuevo tributo se indicó que los trabajadores informales cobrarán un bono de $18.000 (en dos cuotas) en mayo y junio. En tanto, para los jubilados será de $12.000, en un único pago, para quienes perciban un haber mensual menor a dos jubilaciones mínimas.

“Este punto a mí me parece que es impecable, puede ser triste que nos pase eso, pero es irreprochable que algo había que hacer frente al deterioro muy significativo del poder adquisitivo que estaban sufriendo los sectores cuyos ingresos son muy bajos y están normalmente actualizados sobre la base de la inflación pasada. Estaban en medio de una situación realmente muy compleja, casi bordeando la inseguridad alimentaria”, expresó.

“Creo que está todo el mundo bastante de acuerdo con que se debía tomar una medida de emergencia para recuperar la situación de ese sector. Después podemos decir qué podemos hacer para que no sea solo un bono y nada más, pero eso ya es una discusión un poco más profunda”, agregó.

En esa línea, y frente a los fondos que se van a necesitar para financiar esa ayuda, sostuvo que el gobierno necesitaba un “ingreso extraordinario”. Aunque consideró que el tributo no tendría muchas posibilidades de ser aprobado en la Cámara de Diputados por una eventual falta de quórum, lamentó que no se de una discusión sobre el fondo de la cuestión.

“A mí me gustaría una discusión más profunda donde se involucren todos los sectores políticos sobre qué tipo de Estado queremos y cómo lo queremos financiar, porque hay como mucha chicana proselitista de que hay que bajar los impuestos o eliminarlos, pero en realidad nadie dice qué vamos a sacar”, afirmó.

En ese sentido, hizo referencia al sueldo de los maestros, los salarios de las fuerzas armadas, de la policía y el sistema de salud público. “Me parece que es interesante escuchar las distintas posturas sobre los servicios que queremos del Estado y cómo los queremos financiar a esos servicios, que ahí es donde realmente se desnudan las verdades y las mentiras de los distintos sectores más o menos radicalizados”, señaló.

Para Aracre, también se debería buscar “la eliminación de privilegios injustificados que cansan a la sociedad”. Explicó: “Me hubiera gustado también que no todo el esfuerzo de la financiación de ese bono justo provenga de un tributo nuevo o de una tasa incremental de un tributo conocido, sino también de la reducción de algunos privilegios que cansan y agotan moralmente a la sociedad. Sobre todo a la gente que está más castigada por la realidad económica que se arrastra desde muchos años y no entiende esa gente por qué la gran mayoría de los jueces no paga impuesto a las Ganancias teniendo remuneraciones que comparativamente al promedio de los empleados son mucho más altas”.

“Más allá del número, daría una señal cualitativa muy importante a una sociedad desgastada, desengañada y harta de privilegios”, concluyó.

Fuente: La Nación