En abril de este año, un diario misionero llamó la atención sobre el proceso de compra de yerba mate que el gobierno nacional estaba realizando a empresas misioneras, en el marco de la pandemia y el estado de la población “en situación de vulnerabilidad”. En aquella oportunidad se deslizó que las firmas contratadas tenían “aceitados mecanismos” para ganar todas las licitaciones, aún siendo sospechadas por vender mercadería adulterada.
Esta información volvió a reflotar días atrás, luego de que un inspector del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM) comentará en una radio de Posadas que una de las dos empresas yerbateras había sido clausurada por el mal estado de la mercadería que tenía en acopio.
Marcelo Hacklander, en diálogo con Cadena Express, indicó –sin dar nombres específicos- que luego de fiscalizar un molino en la localidad de San Vicente se encontraron “alrededor de 40.000 kilos de palo, de material de descarte, que fue intervenido”.
“Se intervino también el molino de la empresa junto a Salud porque la calidad de los paquetes que estaban yendo a cubrir el pedido de esa licitación estaban en muy mal estado”, sostuvo el especialista en control de calidad.
Pero aún sin señalar a la molinera en forma directa, gracias a la información publicada en el Boletín Oficial, es posible identificarla.
Según la resolución 414/2022 del 26 de abril –firmada en conjunto por el jefe de Gabinete Juan Manzur, y el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta- se destinaron casi 650 millones de pesos para la adquisición de yerba mate, para “atender a la población en situación de vulnerabilidad”.
La Licitación Pública N° 95-0072-LPU21, de la cartera que conduce Zabaleta, se resolvió a favor de dos firmas. Una fue Yerbatera Kleñuk, de Ignacio Kleñuk, por 800.000 unidades de un kilogramo cada una, de la marca “Yo-La-Ví”, por un monto total de 331.920.000 pesos (a razón de 414,90 pesos por kilo).
La segunda firma fue Grupo Área, que cuenta con la marca “Yerutí” y pertenece a Hugo Holowaty, por otras 800.000 unidades de un kilo, por 311.456.000 pesos (389,32 pesos por kilo).
La marca Yerutí proviene de la localidad misionera de Apóstoles, mientras que Yo-La-Vi tiene su origen en San Vicente. Es esta segunda marca, entonces, la señalada por el inspector Hacklander.
“Estamos esperando los resultados del laboratorio porque enviamos los paquetes a analizar. Queremos que se analice palo, sustancias extrañas, contaminantes, todo tipo de componentes que tenga ese paquete. Es yerba que el Estado compraba para los más humildes. Esto es un alimento, no podemos darles esta basura”, afirmó el funcionario del INYM.
La denuncia es grave ya que se sospecha la presencia de otras sustancias en la yerba además de palo, que según el Código Alimentario Argentino (CAA) no puede superar el 30% del total del productor.
Y aunque suene sorprendente, no es la primera vez que estas empresas son denunciadas. Ya en diciembre de 2020 ellas fueron señaladas como vendedoras de mercadería adulterada. En esa oportunidad la licitación se realizó por un millón de paquetes de un kilo, por casi 184 millones de pesos. Hugo Holowaty, con Yerutí, vendió al Estado 750.000 paquetes por 187,97 pesos por unidad; mientras que Ignacio Kleñuk, con Yolaví, vendió 150.000 paquetes a $161 cada uno.
Al día de hoy la molinera se encontraría clausurada y no podría vender ningún kilo de yerba hasta tanto se tenga el resultado de las pericias y se readecue el sistema de producción, según la reglamentación vigente.
“Van a tener que mejorar su calidad porque de esa manera es imposible que siga trabajando. La calidad no se negocia, se tiene que respetar, principalmente esto que va para licitación porque no tenía mucho control”, sostuvo Hacklander. (Bichos de Campo)
