Un total de 52 empresas participaron del régimen denominado “dólar soja” por medio del cual trajeron divisas al país para obtener a cambio 200 pesos argentinos por cada dólar ingresado. El monto resultante –según la normativa– debió ser destinado íntegramente para adquirir soja en el mercado interno valorizada con el tipo de cambio especial.
En la lista de empresas que participaron del régimen, obviamente, figuran las mayores compañías agroindustriales argentinas nucleadas en Ciara-CEC, las cuales en el presente mes de septiembre ingresaron divisas por más de 6000 millones de dólares.
También participaron muchas empresas proveedoras de agroinsumos con el propósito de ofrecer mejores condiciones al momento de realizar canjes con soja, como es el caso de la estatal YPF, Agrofina y Syngenta.
En el listado también figuran acopios de granos, como es el caso de Luis A. Ducret y Cía; fábricas de expeller de soja, como la cordobesa Eduardo Lusso S.A. o la entrerriana Santa Anita Oil; y distribuidores de agroinsumos, como Ponssa Agropecuaria.
Si bien la mayor parte de las empresas que participaron del régimen se encuentran localizadas en la región pampeana, también hay algunas de otras zonas del país, como el tucumano Grupo Delotte que, además producción agrícola, cuenta con una planta de procesamiento de legumbres y un acopio de granos orgánicos, entre otras unidades de negocios.
Otra firma extrapampeana que participó de la iniciativa es la mendocina Agroin Las Piedras, controlada por el grupo chileno Soprodi, que se radicó en el país con el propósito de exportar soja procesada o desactivada a grandes planteles de aves en Chile, aunque posteriormente se diversificó hacia otros negocios agroindustriales.
En el listado también figura la firma Edco Grains, empresa que se dedica a procesar y comercializar granos orgánicos, aunque esa categoría –la soja orgánica– quedó expresamente excluida del régimen del “dólar soja”.
También aparece Mirgor, compañía dedicada a ensamblar aires acondicionados, cajas de engranajes para automóviles, electrodomésticos, monitores, notebooks, equipos de sonido y teléfonos celulares, entre otros productos. La empresa, controlada por la familia Caputo, en 2019 comenzó a exportar productos agroindustriales con el propósito de compensar al menos una parte del enorme consumo de divisas que requiere el ingreso de piezas, equipos y componentes por ensamblar en el país.
Rural Ceres, concesionario oficial de John Deere en Tandil, Tres Arroyos y Necochea, también participó del régimen del “dólar soja” seguramente para ofrecer mejores condiciones de canje de poroto por equipos.
Algunas situaciones son un tanto particulares porque se trata de empresas que no tienen trayectoria en el ámbito agropecuario, como el caso del Grupo Mipe, una firma creada en 2018 con sede en Chivilcoy que tiene como actividad principal la venta de electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio y video.
Lo mismo puede decirse de Due Fratelli SRL, una firma creada en 2020 por familia Mondello que fue vendida este año a Rodrigo Ariel Montes y cuenta con 16 cheques rechazados por un suma total de 788 millones de pesos y una deuda bancaria de 247.000 pesos con el Banco Santander categorizada por el BCRA en “nivel 4”, es decir, con “alto riesgo de insolvencia”.
También es el caso de HQ International SRL, firma creada en febrero de este año que tiene como socios a Fernando Batitochi y María del Carmen Páez, ambos domiciliados en un barrio de clase trabajadora de Longchamps, Almirante Brown (Buenos Aires), y que están el frente de una sociedad cuya actividad principal es la producción, recolección, tratamiento, reconversión y distribución de aceites reciclados y grasas nuevos para la generación, distribución y expendio industrial de combustibles y aditivos ecológicos no contaminantes. (Bichos de Campo)
