El conflicto entre los trabajadores y la cooperativa láctea SanCor CUL, con sede en Sunchales, al oeste de esta provincia, parece estancado y se avizora un tiempo de negociaciones para intentar destrabarlas. Es que esta semana fracasó la última reunión en el Ministerio de Trabajo de la Nación, cuando se esperaba que se pudiera avanzar en un principio de solución. Atilra, el gremio de los trabajadores lácteos, anunció que continuará con las asambleas de cuatro horas en las que los trabajadores retienen tareas y discuten la situación que atraviesa la cooperativa
Entre tanto, en las últimas horas a un dictamen de la Comisión Nacional de Valores (CNV), referido a aspectos directos sobre el pretendido fideicomiso para hacerse cargo de la cooperativa. En ese trabajo, cuando aborda las denominadas consideraciones especiales, menciona que la firma posee 1549 empleados, de los cuales 1280 están afiliados a Atilra, por lo que una parte considerable perdería su trabajo con el fideicomiso. “En el supuesto de incorporación de todas las unidades operativas industriales, la cantidad de empleados con sostenimiento de empleo serían únicamente 650. Por lo tanto, habría un total de empleados desafectados de 899, de los cuales se encuentran afiliados a Atilra 746. Por otra parte, habría 514 exempleados con acuerdo de retiro voluntario anticipado vigente”.
Además, el documento aclara que SanCor no está en cesación de pago, si bien tiene deuda y menciona la inhibición de la Afip sobre bienes de la láctea. En consecuencia, del informe se desprende que si no se levanta esa inhibición no se puede trasladar dichos bienes al fideicomiso. ”Se hace saber a la Sociedad que en esta instancia –y con carácter previo a la elevación de las presentes actuaciones al Directorio de esta Comisión Nacional- corresponde la acreditación de la resolución judicial definitiva que apruebe el levantamiento de la inhibición general de bienes trabada por AFIP que pesa sobre Sancor CUL, toda vez que sin ello SanCor CUL carecería de la capacidad legal suficiente para ceder cualquier tipo de bien, y consecuentemente, no se materializará fideicomiso alguno”, sostiene.
Pero, además, los que aspiran a conducir el fideicomiso hasta el momento no constituyen una empresa en marcha, sino que los integrantes solo están inscriptos y no hay ninguna actividad previa ni capital suficiente para hacerse cargo de una operatoria de estas características. “El Fideicomiso Fiduciante no es una empresa en marcha”, detalla y agrega: “El Fideicomiso SanCor Capital –quien actúa como Fiduciante- comenzará su actividad una vez que se den los hitos descriptos en el prospecto, y si bien hay un track record respecto a la producción de las plantas que se ceden al fideicomiso privado y su capital de trabajo bajo la titularidad de SanCor CUL, no es posible cumplimentar con la información que requiere el inciso h) del art. 21 Capítulo IV Título V de las normas (N.T. 2013 y mod.) que refiere a la propia respecto de quien actúe como fiduciante”. Luego se indica: En idéntico sentido, quien actúa como Fiduciario en el fideicomiso privado – FIDULAC SA -es una empresa constituida en el año 2021, sin actividad”.
Más adelante, se puede interpretar que el informe citado menciona el caso de los créditos que no fueron otorgados y que tampoco se sabe de cómo se podrían generar los ingresos para cubrir los 60 millones anunciados oportunamente para darle un marco a la empresa.
Por otra parte, fuentes de la empresa aclararon a este diario que las plantas que no fueron cedidas al fideicomiso siguen en poder de SanCor. “Tampoco hay contratos de venta de leche en polvo ni permiso de producción”, reconocieron ante una consulta. Por último, se aclaró que “no hay ninguna demanda” iniciada por supuestos acreedores de un fondo de inversión en algún tribunal de Nueva York, como había trascendido.
Desde SanCor se insistió que “todos estos últimos hechos demostrarían que quienes pretenden accionar con el fideicomiso no está preparada [la herramienta] para hacerlo” y que “todo indica que Atilra no debe adoptar medidas contra la empresa sino contra quienes pretenden administrarla, vía ese fideicomiso”.
También los registros contables manifiestan que SanCor mantiene una deuda que asciende a la suma de US$55,4 millones en concepto de capital e intereses. A la vez, se aclaró que dicha deuda se encuentra garantizada con un derecho real de prenda sobre las marcas “San Regim”, “Por Salut”, “Reggianito”, “Chelita”, “Quesabores” y “Tholem”, además de un derecho real de hipoteca sobre las oficinas de la firma en la Capital Federal y con mercadería (quesos duros) bajo “warrants”.
El conflicto
Como informó este medio oportunamente, el conflicto se originó semanas atrás cuando Atilra inició asambleas e interrupciones en seis plantas y un centro de distribución de la cooperativa en Don Torcuato. En esos días, el gremio comenzó cuestionando la demora en la constitución de un fideicomiso para garantizar el pleno funcionamiento de la cooperativa, y avanzó hacia un reclamo por sueldos. A pesar de una audiencia que tuvo lugar la semana pasada en el Ministerio de Trabajo, entre los representantes del gremio y de la cooperativa, no se logró ningún acuerdo.
De allí que, si bien todavía repercute entre las partes aquella acción de la láctea que generó preocupación en el sector, cuando SanCor –según la empresa- tuvo que tirar 100.000 litros de leche, en un hecho inédito para el sector, las expectativas de las partes están puestas en la reunión convocada para el lunes 30. Claro está que si en este nuevo encuentro no se alcanza un acuerdo entre las partes y la protesta continúa, la cooperativa láctea ya resolvió que solicitará al Gobierno que dicte la conciliación obligatoria.
Hasta hoy, “sigue todo igual. Durante cuatro horas por turno los trabajadores retienen tareas y deliberan sobre la situación que está viviendo la cooperativa”, indicó un vocero de Atilra.
Desde la cooperativa admiten: “Hemos acompañado y seguimos acompañando el proceso de constitución del fideicomiso financiero”. En tanto, el presidente de la cooperativa láctea, Abel Sánchez, se refirió días atrás al proceso de reestructuración que encaró la empresa pero sostuvo que “el Banco Nación nunca puso los $60 millones que se había comprometido a aportar a un fideicomiso para restructurar la empresa, que a su vez nunca pudo reunirse con el gremio Atilra, cuyo bloqueo de plantas y centros de concentración la obligó desechar producción”.
(Fuente: La Nación)
