Se entienden las urgencias del Ejecutivo por hacerse de ingresos que le permitan mantener un superávit logrado con fórceps en medio del campo minado que dejara el gobierno anterior. Pero no se puede culpar al productor agropecuario por enojarse ante lo que considera la sustracción de parte de sus ingresos, que para colmo devienen de precios internacionales de por sí muy modestos.
Lo cierto es que la Administración ha decidido que a partir del próximo 1º de julio queden sin efectos los recortes a las retenciones efectuadas en enero pasado y se vuelva a tributar un 33% en el caso de la soja y un 12% en el caso del maíz. No ha quedado entidad ligada al campo sin manifestarse contra esta movida, pero todos los intentos han resultado infructuosos.
Es cierto, estaba en la letra del Decreto 38/2025 del gobierno de Javier Milei, pero todos en el campo entendían que debía al menos prorrogarse la rebaja en los DEX dada la situación reinante, y desde CREA ofrecieron las razones concretas de tal postura.
Aunque el escenario en curso se sospechaba a priori, el dato de los técnicos de esta entidad es alarmante. Ariel Angeli, líder de la unidad de Investigación y Desarrollo de CREA, explicó a senadores y diputados nacionales que las proyecciones que han realizado, con los precios esperados a la fecha, indican que “la aplicación de un derecho de exportación del 33% tornaría inviable el cultivo en el 80% de la superficie agrícola”.
Como contracara si se calculasen márgenes proyectados de la soja de primera 2025/26 con un precio de la oleaginosa sin derechos de exportación, entonces el cultivo sería económicamente posible en casi toda el área nacional. ¿Por qué es importante no afectar las chances del cultivo de soja? Sencillamente porque una porción sustancial de las divisas que ingresan al país proviene de los derivados de la oleaginosa.
En cuanto al doble cultivo trigo/soja de segunda, se trata del caso más comprometido, porque un aumento de los derechos de exportación tornaría inviable el negocio en el 87% de la superficie agrícola. Hay que decir que esta sociedad era clave para sostener a un trigo que tiene precios de saldo de temporada y márgenes que son muy flacos o negativos si el negocio dependiera solamente de él.
En lo que respecta al maíz 2025/26 (temprano + tardío), con los precios actuales esperados a cosecha –según la referencia del mercado de futuros agrícolas A3– el cultivo sería viable económicamente sólo en la mitad del área nacional, mientras que con un aumento del derecho de exportación al 12% esa cifra se reduciría al 39%.
Los legisladores ante quienes se expuso la situación pertenecen al Espacio Legislativo Interpartidario del Agro (ELIA), promovido por la Fundación Barbechando, en el marco de la tarea titánica de intentar dotar al Congreso Nacional de un remedo más que incipiente de lo que es la bancada ruralista en Brasil.
“La proporción territorial de la inviabilidad económica del negocio agrícola 2025/26 se incrementó de manera notable en las últimas semanas a causa del deterioro de los precios internacionales de los principales granos, lo que es particularmente grave en las regiones más alejadas de los puertos y con condiciones más marginales para la agricultura”, expuso Angeli.
Por esta razón es necesario poner el foco en los derechos de exportación, que afectan la sostenibilidad de los sistemas agrícolas y la capacidad de incorporar tecnología para incrementar la producción y el valor agregado en la cadena agroindustrial. Además del área potencial que podría no sembrarse en la campaña 2025/26, es necesario considerar el impacto de la menor inversión en tecnología. En ese sentido, Angeli explicó que existe una correlación histórica robusta entre el precio de los granos y las dosis de fertilizantes aplicadas.
Sin derechos de exportación, la mejora en el precio de los granos percibido por el productor (+12%) se traduciría en una mayor dosis de fertilización (+6%) en la primera campaña posterior a su implementación. En tal escenario, es factible proyectar un incremento en la producción de cereales (+2,0% en maíz y +2,7% en trigo) que equivaldría a un aumento de las exportaciones por más de 300 millones de dólares a valores FOB actuales. Un efecto similar podría estimarse en el cultivo de soja con mayor aporte de nutrientes.
Como bien define CREA, en el corto plazo los derechos de exportación distorsionan los precios relativos y promueven una menor producción agrícola, mientras que en el largo plazo tienen un impacto negativo sobre la sostenibilidad de las empresas, las cadenas de valor y la economía argentina.
Seguramente no habrá quebrantos como consecuencia de la medida que acaba de tomar el Ejecutivo. El productor está habituado a presupuestar y no va a embarcarse en un negocio de saldo negativo, más allá de que algunos decidan correr el riesgo. Lo que va a pasar es que el país verá reducido su ingreso de divisas al caer el área sembrada, especialmente en el caso de la soja.
Conviene recordar que en 2024 la participación del complejo sojero en las exportaciones explicó el 24,6% de los dólares ingresados al país. La balanza comercial de la oleaginosa fue superavitaria en USD 16.370 millones. No parece sensato ir contra esta fuente formidable de divisas.
