La reforma de la ley de cabotaje volvió a ocupar un lugar central en la agenda agroindustrial. La Fundación Barbechando reunió a legisladores nacionales y representantes de distintas cadenas productivas para analizar alternativas que permitan aprovechar mejor las vías navegables argentinas, reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad de las economías regionales.
El encuentro se realizó en la sede de la entidad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tuvo como eje el régimen que regula el transporte de cargas entre puertos nacionales. Entre los temas abordados estuvo la posibilidad de habilitar una mayor participación de buques extranjeros en aguas argentinas, una propuesta que genera resistencia entre los armadores locales.
Durante la reunión, los participantes coincidieron en que el país cuenta con una extensa red de ríos navegables, salida al mar y puertos distribuidos en distintas regiones, aunque ese potencial todavía no se aprovecha plenamente. Como ejemplo, señalaron que cerca del 80% del transporte de granos se realiza actualmente en camiones.
La Fundación Barbechando planteó que una barcaza promedio puede trasladar alrededor de 1.500 toneladas, equivalentes a 60 camiones de 25 toneladas. En tanto, un convoy de 30 barcazas puede movilizar unas 45.000 toneladas, lo mismo que 1.800 camiones.
“Esta diferencia refleja una oportunidad para diversificar la matriz de transporte, reducir costos logísticos y mejorar la conexión entre las regiones productivas y los principales centros de consumo y exportación”, sostuvo la entidad. También aclaró que no se busca reemplazar un medio de transporte por otro, sino aprovechar las ventajas de cada alternativa.
Los representantes de las cadenas productivas expusieron distintas necesidades. Lucas Palma, de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR), señaló el impacto de las limitaciones logísticas sobre el valor de la tierra. Miguel Sabadini, de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), propuso acompañar la reforma con cambios aduaneros y fitosanitarios para facilitar la salida de la producción del Alto Valle por San Antonio Este y Bahía Blanca.
Por su parte, Germán Campi y Alejandro Rapela, de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Coninagro, destacaron que la participación de buques extranjeros permitiría reducir costos y tiempos mientras se desarrolla la marina mercante nacional.
Armando Allinghi, de la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA), remarcó que la producción local de fertilizantes necesita menores costos de traslado por barco desde Bahía Blanca hacia el interior. Diego Azqueta, de la Asociación Forestal Argentina (AFOA), hizo hincapié en la importancia de estas políticas para desarrollar el potencial exportador de las industrias forestales, especialmente en el NEA.
El proyecto impulsado por senadores del oficialismo, el radicalismo y el peronismo propone modificar el esquema vigente, que reserva como principio el transporte de cabotaje a buques de bandera nacional, aunque contempla excepciones cuando no hay embarcaciones argentinas disponibles.
Entre los cambios planteados figuran nuevas condiciones para la operación de buques, estándares internacionales laborales, de seguridad y ambientales, e incentivos fiscales. La iniciativa contempla una alícuota del 25% en el Impuesto a las Ganancias para empresas que realicen habitualmente actividades de cabotaje, sin importar la bandera de los buques utilizados, además de un régimen de amortización acelerada para inversiones de armadores nacionales y modificaciones en la permanencia de contenedores extranjeros.
La Fundación consideró que el desafío legislativo es ampliar la oferta de transporte y promover inversiones sin dejar de contemplar el desarrollo de la Marina Mercante, el empleo y la seguridad de la navegación. En ese sentido, sostuvo que la discusión involucra no solamente al sector naviero, sino también a productores, industrias, exportadores, puertos y economías regionales.
La jornada contó con la participación de senadores y diputados de distintas fuerzas políticas, junto con sus equipos de trabajo. El debate puso sobre la mesa la posibilidad de convertir la infraestructura fluvial y marítima argentina en una herramienta para reducir los costos que condicionan la competitividad de la producción nacional.
