El Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán emitió un documento en el que dejó en claro la postura respecto a las últimas medidas anunciadas por el Gobierno Nacional.
“Las políticas establecidas legalmente, deben mantenerse en el tiempo, dando continuidad y seguridad jurídica a las inversiones tanto en las plantaciones como en fábricas y como mejor garantía de las fuentes de trabajo. Caso contrario ocurrirá lo que ya pasó en la década de los 80, cuando precisamente, en el año 1989 hubo que ponerle fin al entonces llamado Programa Alconafta. En aquella oportunidad no actualizaron los precios del alcohol que estaba referenciado al valor de las naftas, lo cual torno inviable el programa y todas las inversiones realizadas”, expresa el documento respecto a la decisión de disminuir el precio del etanol.
“Por lo dicho, CACTU apoya el mantenimiento del andamiaje juridico-legal del programa de bio-etanol y las fórmulas que se referencian en el valor de las naftas, a fin de establecer su precio, lo cual hace a la subsistencia de esta actividad”, sentenciaron respecto a este punto.
En cuanto a la participación de los cañeros en la venta del bioetanol – causa por la que luchan desde que se anunció el aumento del corte en naftas – el documento asegura que: “El bioetanol esta dentro de un programa concebido para incentivar y apoyar a los agricultores, entre los que están los cañeros y maiceros. Es decir una participación de pleno derecho, consagrada en la Ley de Biocombustibles. Hasta hoy nuestro sector esta marginado del beneficio proveniente del alcohol combustible. Un reducido número de industriales alcoholeros-azucareros se queda con el cien por ciento de la renta de éste producto”.
“Por ello reiteramos nuestros legítimos y firmes reclamos al superior Gobierno de la Nación para que se arbitre mediante un decreto del poder ejecutivo nacional, la maquila de alcohol combustible y se nos otorguen las cuotas o derechos de producción correspondientes”, concluye el documento.
Un segundo escrito al que accedió Suena a Campo se refiere al aumento de los impuestos a la bebidas azucaradas y a la “demonización del azúcar”. Sobre este tema, el documento expresa que “El azúcar es un noble producto natural, milenario, incluido en nuestro código alimentario nacional y aceptado internacionalmente. No compartimos y rechazamos, que se lo rotule -sin argumentación científica- como sustancia nociva para la salud humana. Existe un reciente pronunciamiento judicial sobre éste tema, dónde queda claro, que tratándose de un alimento autorizado para consumo interno en la Argentina, nadie debería propiciar políticas de consumo restrictivo y menos «demonizantes»”, esto último en clara referencia al fallo que obligó a dar marcha atrás en Córdoba a una ordenanza municipal que eliminaba el azúcar en la mesa de los bares.
“El incremento de la alícuota impositiva, llevándola al 17%,genera desequilibrio en relación a los edulcorantes no calóricos que tienen alícuota cero. Éstos son en general importados y sintéticos. Mientras el azúcar es una producción regional y natural – con extraordinario efecto multiplicador- que genera muchísimos puestos de trabajo. Ésta política, beneficia a unos pocos grupos concentrados y extranjeros, perjudicando a muchos connacionales. Si el propósito es aumentar el empleo, éste no es el camino razonable”, asegura el comunicado.
Por último abarca los perjuicios económicos que las medidas traen a la región “Anualmente se vienen consumiendo -en nuestro país- 360 mil toneladas de azúcares en la elaboración de bebidas alcohólicas.
Con éstas medidas, al no ser industrializadas, ni exportadas -por precios viles y dólar bajo- éstas toneladas, incidirán en el mercado interno, bajando el precio y los ingresos del sector”, vaticinan desde CACTU y para finalizar recuerdan que actualmente hay 23 fábricas azucareras en el país y 380.000 hectáreas donde 7.000 agricultores producen caña de azúcar, generando más de 50.000 puestos de trabajo directos.
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