La UIA planteó la defensa de las economías regionales. Los referentes de la actividad esperan respuestas oficiales.
La continuidad del proceso de reconversión de la actividad azucarera está relacionada con el acompañamiento del sector público con medidas que alienten al sostenimiento de un esquema de inversiones. Y, especialmente, con garantías de que no habrá modificaciones en las reglas de juego. Ese es el argumento que los industriales azucareros tucumanos llevarán hoy al encuentro que, desde las 16, mantendrán con el ministro de la Producción de la Nación, Francisco Cabrera, y con el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui.
Los empresarios enrolados en el Centro Azucarero Argentino quieren que la Nación deje sin efecto la resolución 415 del Ministerio de Energía que dispuso una reducción del precio del bioetanol de caña de un 29% en dos partes: una de 15% que se aplica desde el primer día de este mes y otra, de 14%, que regiría a partir de febrero. Más aún, los industriales rechazan la posibilidad de que se incrementen las alícuotas de los impuestos internos a las bebidas azucaradas, considerado como otro golpe para el sector. De hecho, ayer la Unión Industrial Argentina puso sobre la mesa de debate con ministros nacionales la cuestión azucarera y del vino. Lo confirmó José Urtubey, uno de los dirigentes de la UIA. “Planteamos la inconveniencia de esa medida para las economías regionales que necesitan de un respaldo federal para su subsistencia”, dijo.
En Tucumán, en tanto, el vicepresidente de la Cámara Argentina de Alcohol, Jorge Rocchia Ferro, resaltó que la actividad tiene “todos los elementos para demostrar que la resolución ha sido una medida unilateral e inconsulta, que no se corresponde con la realidad”. En el mismo sentido se expresó Emilio Luque, del ingenio Concepción. “Desde el viernes esperamos una respuesta a un planteo respaldado en documentación que la baja del precio es una equivocación”, indicó el empresario.
Los industriales recibieron ayer la noticia que, en el Congreso, los senadores José Alperovich y Beatriz Mirkin, promovieron un proyecto de ley, mediante el cual se garantiza la vigencia del precio del bioetanol hasta 2021, tal como se había previsto originalmente. La iniciativa incorpora a la ley 26.093 “el sistema de determinación de precios del bioetanol que estuvo vigente hasta octubre”. “Con esto se trata de salvaguardar -al sector- de normas que vulneren o pongan en riesgo la seguridad jurídica esperable para este programa”, fundamentan.
FUENTE: La Gaceta
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