El Ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Tucumán, Juan Luis Fernández, se refirió a la disminución del precio de bioetanol que busca realizar el gobierno nacional. Según su opinión esta medida genera inseguridad jurídica y es un manifiesto error de política energética
“Es falsa la premisa tomada en cuenta por la Resolución 415-E-2017, para modificar la fórmula de determinación del precio de adquisición del bioetanol: no se ajusta a la realidad la afirmación de que el precio vigente supera ampliamente los costos y una rentabilidad razonable, como se postula. Esta realidad está confirmada por el estudio de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres-Eeaoc (Costo bioetanol de caña septiembre de 2017: $ 16,854/l) y no es desmentida por el estudio técnico que sirve de antecedente a la resolución, pues ese estudio técnico se sostiene sobre el precio de importación del alcohol hidratado y no sobre el costo de producción local”, explicó Juan Luis Fernández. “La modificación de la fórmula persigue un fin desviado respecto de los objetivos que el Congreso pretendió satisfacer con la sanción de las leyes de promoción de la producción de biocombustibles con origen en la caña de azúcar, que son: a) diversificar la matriz energética del país, mediante la incorporación de combustibles de origen no fósil; b) la promoción del desarrollo del NOA».
“La modificación intempestiva, inconsulta y sustancial de un régimen legal de promoción de inversiones vigente, como mínimo, hasta 2021, implica un grave ataque a la seguridad jurídica, que desalienta la iniciativa e inversión privada”, dijo. “La Argentina asumió compromisos internacionales (COP 21-París) que contemplan la diversificación de la matriz energética, mediante la incorporación de combustibles no fósiles ambientalmente eficientes”, señaló el ministro.
“La modificación de la fórmula de determinación del precio de adquisición del bioetanol de caña de azúcar no genera ahorro fiscal alguno, e implica una transferencia directa de recursos en beneficio de las empresas petroleras, que siempre resistieron la incorporación de biocombustibles”, afirmó. “El ataque a la industria de los biocombustibles es un manifiesto error de política energética, en vista de la escasez de las reservas de petróleo con las que el país cuenta” advirtió
“El precio del etanol es vital para el desarrollo, funcionamiento y sostenibilidad de este sistema productivo bioenergético, por lo que esta resolución y discusión es una grave amenaza para el presente y futuro de inversiones, empleo, economía regional y desarrollo energético del país, que pone en riesgo un Régimen de Regulación-Promoción con vigencia hasta 2021, y que puede ver truncado, injustificadamente, su potencial desarrollo”, concluyó.
Fuente: La Gaceta
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