El Ministerio de Agroindustria trabaja puertas adentro en el armado de un proyecto de ley para regular con «pautas comunes» el uso de agroquímicos en todo el país ante las «inconsistencias» que se imponen en provincias y municipios como es el caso de las aplicaciones en el campo. Para eso buscará no sólo marcar sanciones sino también impulsará el uso correcto de éstos.
El puntapié inicial lo dio semanas atrás el ministro Ricardo Buryaile al confirmar a la prensa que están al salir una serie de resoluciones, para lo cual «se van a invitar a provincias y municipios a adherir a este tipo de soluciones» y, si bien reconoció la imposibilidad de sacar una ley este año, sostuvo que es necesario avanzar políticamente en el tema. En esa línea este diario pudo saber que el tema es manejado por el secretario Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, Santiago Hardie.
En ese contexto las resoluciones a salir definirán, por un lado, los límites de las fumigaciones áreas -un tema que salto a la palestra cuando Areco la prohibió a menos de 1.500 metros de distancia- y, por otro lado, la adopción y monitoreo de las acciones vinculadas con las buenas prácticas agrícolas (BPA).
Ambas normativas formaran parte del proyecto de ley cuyo borrador sostiene que será de presupuestos mínimos, dado que tendrá una componente ambiental como marca la Constitución y por el cual se incentivará a las provincias para que adopten lo que marque la Nación.
Para el especialistas en fitosanitarios, Alberto Ettienot «es urgente una ley, porque sino cada municipio hace lo que quiere, y hoy los ensayos explican que el producto bien aplicado no llega a más de los 100 metros».
Sin embargo y sólo en el caso de Buenos Aires, de los 135 municipios, 77 funcionan con sus propias ordenanzas, según un relevamiento de las autoridades bonaerenses, lo que habla no sólo que hay un vacío legal sino también que cada localidad vela por el cuidado de sus ciudadanos.
«Es importante validar y rescatar las facultades de los municipios no sin antes tener en cuenta la planifi cación territorial urbana y rural», afirmó el concejal por FpV en San Antonio de Areco, Mariano Pinedo.
Por lo pronto, los lineamientos del futuro proyecto van por el lado de las limitaciones mínimas y donde los municipios podrán legislar hacia arriba, pero estarán impedidos de hacerlo por debajo, no si antes explicar el motivo por el cual una provincia cualquiera pide mayores metros de prohibición.
En definitiva lo que quiere el Gobierno es que haya una referencia que hoy no la existe y principalmente presionar, si se quiere, al productor bajo la lupa del Estado para que insista con las BPA, generando así una cadena de confianza que va desde la puesta de un asesor presente en el campo hasta personal tecnificado para el manejo de las máquinas.
Una vez definido el proyecto, éste se abrirá al Senasa e INTA, para luego ser consensuado a nivel de los demás ministerios e invitar a los actores como son la industria y productores.
El Gobierno está convencido de que Argentina debe aggionarse a los sistemas agrícolas modernos que marcan la forma en cómo un país produce sus alimentos que, ni más ni menos, debe ir hacia una agricultura más sustentable y con un menor impacto en el medio ambiente.
FUENTE: Agritotal
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