La Oficina Anticorrupción emitió un dictamen contra el ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, por el cobro de un bono de $ 500 mil de la Sociedad Rural Argentina, que el funcionario tuvo que devolver tras la presión pública. El organismo que dirige Laura Alonso fue más allá y le encomendó al funcionario que renuncie como miembro de la SRA para evitar cualquier tipo de conflicto de interés.
Más allá del caso puntual, el dictamen apunta que los funcionarios «se comporten de una forma que puedan soportar el más estrecho escrutinio público», tal como aconseja la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la que Argentina quiere ingresar. Esta es una vara alta que el organismo quiere imponer el Gobierno justo en momentos en que es cuestionado porque el ministro de Finanzas, Luis Caputo, no declaró haber integrado una sociedad offshore antes de ingresar a la función pública. La OA también está evaluando el caso de ese funcionario clave para el presidente Mauricio Macri.
Entretanto, la OA ayer dejó en claro su posición ante el conflicto de interés del ministro Etchevehere, quien argumentó que los $ 500 mil que percibió eran una «retribución excepcional» por sus seis años al mando de la SRA. De hecho, agrega que lo hizo antes de entrar al gabinete nacional y llegó a argumentar que era «evidente» que esa retribución no iba a condicionar su gestión.
El organismo rebatió el argumento del ministro respecto a que cobró el bono antes de ser funcionario, por lo que no le cabía la Ley de Ética Pública. «La desvinculación de la entidad constituyó un acto directamente vinculado con su nombramiento como Ministro», indicó el dictamen sobre la renuncia de Etchevehere a la SRA en octubre y su nombramiento en la actividad pública en noviembre. Es por eso que el organismo sostuvo que debía «conducirse en forma acorde a los principios y deberes de la ética pública en sus relaciones públicas, laborales e institucionales, en todo aquello relacionado con el inminente ejercicio del cargo».
Ante el argumento de Etchevehere de que era «evidente» que el cobro del bono no iba a afectar su imparcialidad, la OA se mostró escéptica. De hecho, apuntó que «en virtud del relevante cargo que ejerce y la trascendencia de sus funciones sobre el sector agropecuario, deberá evitar la compra de acciones en empresas relacionadas con la actividad agropecuaria, así como integrar asociaciones u otras entidades aún sin fines de lucro vinculadas al sector que regula». Es por eso que reclama que renuncie a la SRA si es que sigue siendo miembro.
Ahora bien, como el ministro devolvió el polémico bono, el dictamen de la OA terminó archivando el caso, tal como había reclamado Etchevehere. Pero aclaró que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N´ 5 se «expedirá respecto de si el pago de la citada retribución se encontró vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones o a la imposición de condiciones especiales que deriven en ello».
El dictamen se publicó un día antes de que venza el plazo para que la sociedad civil haga recomendaciones a la OA sobre el borrador de la nueva Ley de Ética Pública. El proyecto tiene un capítulo sobre tenencia accionaria en el que exige a los funcionarios vender su participación o constituir un fideicomiso ciego antes de asumir. Para el Gobierno, eso iría en línea con lo que hizo Caputo antes de ingresar al gabinete.
FUENTE: Edición Rural
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