Los delegados de las organizaciones campesinas y aborígenes de todo el territorio provincial estuvieron en la capital salteña reclamando por los despidos y cesantías de trabajadores que dependen de oficinas de la Nación.
Se trata de 35 empleados de la Secretaría de Agricultura Familiar, del Senasa y de la Fiscalización de Granos que quedaron sin trabajo y que tenían relación directa con las comunidades rurales del campo salteño.
Los delegados se reunieron el lunes a la noche en plaza España donde pernoctaron y ayer temprano salieron en marcha hacia la sede del Gobierno provincial, en el barrio Grand Bourg.
Para ser claro. El conflicto de los trabajadores es con el Gobierno nacional; sin embargo ayer fueron recibidos por Provincia.
Los anfitriones fueron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Marcelo López Arias; el secretario de Asuntos Municipales, Miguel Calabró; y el secretario de Relaciones Institucionales, Miguel Martín Ávila.
«Desde el Gobierno provincial mostraron su preocupación por lo que todos consideramos el vaciamiento de las políticas sociales nacionales dirigidas al campesinado», dijo uno de los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Secretaría de Agricultura Familiar al terminar la reunión.
Todos los delegados estuvieron esperando en la plaza de acceso a Casa de Gobierno.
«Nosotros venimos a apoyar a los trabajadores porque ellos siempre nos apoyaron. En realidad la problemática es más profunda que los despidos. Acá hay desmontes, desalojos y un reordenamiento territorial pendiente», dijo Alfredo Riera, uno de los delegados de las comunidades del Chaco salteño.
Estuvieron acompañando la Coordinadora de Tierra de la Ruta Nacional 81, que integran 10 organizaciones de base; la Organización de Comunidades Aborígenes de Nazareno (Ocan), el Qullamarka que integra a Santa Victoria Oeste, Iruya y Los Toldos; los diaguitas que integran las Organizaciones Territoriales de los Pueblos Originarios en Argentina (Enotpo), la Red Atacama de los Andes; las cooperativas de Amblayo, La Poma y Cafayate; delegados lules y los wichi de Tartagal, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), entre tantos.
«Nos cortaron los brazos. No sólo es que nos sacaron a los técnicos, sino que tampoco hay recursos para mejorar los campos», dijo Faustino Peloc, de Victoria Oeste.
«Eso es un golpe fuerte a las organizaciones. Dejan a nuestros pueblos huérfanos. Los dejan sin esos técnicos, profesionales, especialistas que te dicen cómo hacer un chiquero, cómo mejorar el riego por goteo, cómo encarar un litigio legal por la tierra; todo eso ya no está más y forma parte de la política del Gobierno nacional de ajuste y achicamiento de lo que considera gasto social», dijo el diputado por el departamento de Rivadavia Banda Norte, Ramón Villa.
«Nosotros tenemos el compromiso de las autoridades provinciales que nos aseguraron van a peticionar ante las nacionales por la continuidad de las políticas de asistencia a las comunidades», dijo Cristina Sanz, quien estuvo al frente de Agricultura Familiar entre el 1993 y el 2015.
La columna campesina indígena se trasladó luego hacia la plazoleta IV Siglo en donde desarrollaron una radio abierta para visibilizar su problemática. Dejaron ver que si todo sigue igual se vendrá una movilización masiva.
FUENTE: El Tribuno
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