La Fiscalía Penal de General Güemes, a cargo de Verónica Simesen, imputó a Mariano Cuenca, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio San Isidro (Soeasi) y a otras 74 personas por el delito de usurpación.
75 personas fueron imputadas por la toma del ingenio San Isidro, que cerró en enero pasado, mientras hoy se realizó una audiencia de conciliación entre dirigentes gremiales y representantes de la empresa para tratar de solucionar el conflicto penal planteado por la ocupación del predio, que lleva diez días.
Las actuaciones judiciales se iniciaron a partir de la denuncia del representante de las firmas Prosal SA y Emaisa SA -que forman el Grupo Gloria, propietario del ingenio salteño- Hugo Alejandro Pinto.
Según Pinto, las personas imputadas ingresaron a las instalaciones del complejo industrial, ubicado en la localidad de Campo Santo, a 45 kilómetros de la capital salteña, «ejerciendo violencia, ya que rompieron la cerca perimetral y se instalaron allí sin autorización y bloqueando el normal desarrollo de las actividades».
Los voceros detallaron que, en el marco de las facultades que le brinda el Código Procesal Penal, la fiscal convocó hoy a una audiencia de conciliación en procura de lograr una salida al conflicto penal planteado por la toma del establecimiento por parte de empleados y ex empleados, que comenzó el lunes de la semana pasada.
Fueron convocados los apoderados legales de la empresa, la gerente corporativa legal de la Corporación Azucarera del Perú, el gerente general del Ingenio San Isidro, Cuenca y los representantes legales de los trabajadores.
Luego del intercambio entre las partes, el grupo empresario Gloria hizo conocer a los participantes la propuesta para lograr una solución en tanto los representantes de los trabajadores se comprometieron a brindar mañana una respuesta, por lo que se pasó a un cuarto intermedio.
La semana pasada, la jueza de Garantías 8 de Salta, Claudia Puertas, rechazó el pedido de desalojo y restitución del inmueble realizado por la fiscal Simesen, por considerar que no surge en forma clara si se trata de la comisión de un hecho delictivo o de un conflicto laboral.
El ingenio San Isidro, fundado en 1760 y considerado el más antiguo del país, anunció en enero el cese de sus actividades y el inicio de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) por razones de orden económico, financiero y laboral.
FUENTE: El Tribuno
