Las economías regionales se encaminan a una crisis. Así lo advirtieron esta semana los ministros de Hacienda de las provincias en una reunión que mantuvieron con el flamante ministro de la Producción, Dante Sica. Señalaron la caída de la demanda, la baja actividad económica, la fragilidad productiva y comercial de las pymes, las dificultades para acceder al financiamiento y a los mercados externos, y la enorme presión tributaria.
Esta realidad es recurrente en la historia reciente de un país que concentra en el área metropolitana a un tercio de su población, conformando así un núcleo centralizado de decisión condicionado por las presiones comerciales y las necesidades electorales de los gobernantes. Este año, en el cual el país está ingresando a su quinta recesión en una década, el deterioro de la producción y los precios de los productos que vertebran la economía de cada provincia se torna dramático.
Sostener las economías regionales con políticas adecuadas es una responsabilidad del Estado
En Salta, la crisis se manifiesta en estos días en la caída de la actividad en general, que produjo la pérdida de 3.000 puestos de trabajo en la construcción. El deterioro de la producción tabacalera, el conflicto azucarero y el cierre del ingenio San Isidro hablan por sí solos. La ausencia de un escenario productivo nacional a largo plazo compromete la actividad global de la provincia. La falta de expectativas y de capacitación para el empleo repercute directamente en la vida de todos los salteños.
Salta contribuye con apenas el 1% del PBI nacional. Tomando el PBI salteño por habitante, en 2017 fue de US$4.812, frente a los US$14.473 del país. Los servicios públicos representan el 32% de nuestra economía; el campo, el 12,1%; el comercio, el 11% y la construcción el 10%. Los datos oficiales describen una vulnerabilidad económica y social, que no se diferencia demasiado de lo que ocurre en el resto del Norte argentino, y tampoco de las áreas marginales de la región central. Los esfuerzos aislados que realice un gobierno provincial no pueden ser suficientes.
El problema de las economías regionales es nacional, aunque se les preste menos atención de la que corresponde, quizá porque se trata de producciones agrícolas y agroindustriales ubicadas fuera de la región central y la región pampeana.
Ese olvido lo pagan pequeños empresarios, con actividades no tradicionales que son generadoras de empleo y funcionan como sostén de cada zona. La crisis de las economías regionales es, en consecuencia, un factor multiplicador de pobreza, migración y desarraigo. El aumento de los costos, en especial por las alzas de tarifas y de combustibles, deriva en problemas serios de competitividad y, en consecuencia, de rentabilidad.
Hace poco, antes de ser ministro, pero mientras se desempeñaba como asesor del su antecesor, Francisco Cabrera, Dante Sica definió a las economías regionales como «la pieza medular» del crecimiento económico. «Ponerlas en valor implica estimular ese potencial y definir una política estratégica que priorice el desarrollo industrial» aseveró. Ahora, el economista tiene a su cargo el poder de decisión. Es la hora de comenzar aplicar esas políticas públicas que alienten al sector privado a optimizar la productividad y la eficiencia a través de la modernización tecnológica de sus procesos de elaboración. También, desde el Estado, «atender debilidades en materia de competitividad, reduciendo los costos de transporte y la presión impositiva».
Sica, los productores y los gobiernos provinciales consideran perentorio recuperar el comercio exterior, aumentar la inversión en infraestructura, mejorar la accesibilidad y la calidad de servicios básicos, y desarrollar el mercado financiero y el crédito doméstico al sector privado.
El deterioro de las economías regionales compromete la calidad de vida y el escenario social de todo el país.
Frente a un panorama sombrío, con un dólar incierto que incide en el sistema de costos y la perspectiva de un semestre con la economía global en retroceso, el respaldo a las economías regionales debe ser prioritario en la agenda y requiere un compromiso serio, solidario y sin especulaciones electorales ni de ningún otro tipo, de parte las autoridades nacionales, provinciales y municipales.
POR: Sergio Romero para El Tribuno
