Diputados de la oposición presentaron dos proyectos para declarar en emergencia al sector porcino debido al impacto que la devaluación tuvo en los costos de producción de la actividad.
La primera iniciativa, firmada por José Ignacio de Mendiguren y Diego Bossio -entre otros legisladores justicialistas- además del socialista santafesino Luis Contigiani y Victoria Donda (Libres del Sur), solicita la declaración de la «emergencia pública económica, productiva y financiera por el término de doce meses a la cadena productiva del sector porcino en todo el país».
Según detalló el sitio Valorsoja.com, entre las medidas comprendidas por la emergencia se incluye «la devolución de los créditos fiscales generados por el IVA técnico o saldo a favor de IVA que se originen por la aplicación de alícuotas diferenciales» y «poner a disposición de los productores y grupos de productores del sector porcino líneas especiales de crédito a través de los bancos oficiales».
También se menciona «establecer restricciones a la importación de carne de cerdo para que la misma sea la indispensable para cubrir la demanda no satisfecha por la producción local» (algo que es técnicamente imposible instrumentar por medio de una ley).
En los fundamentos del proyecto se menciona que «el desfasaje de precios de los insumos para la producción respecto del precio del cerdo en pie muestra una evolución desfavorable que hace que hoy cueste más producir que vender, sobre todo en los fragmentos (sic) de baja y media eficiencia de la industria, que alcanza a la mayor parte de los productores».
El segundo proyecto, firmado en su mayor parte por diputados kirchneristas -tales como Luis Basterra, Agustín Rossi y Eduardo de Pedro- además del peronista bonaerense Felipe Solá, propone declarar la «emergencia económica y productiva del sector porcino nacional por el término de 180 días» por medio de la prohibición del «ingreso al territorio nacional de los productos, subproductos y derivados cárnicos porcinos que provienen de países no libres del síndrome respiratorio reproductivo porcino (PRRS)», en referencia a EE.UU.
También se requiere prohibir el ingreso de carne porcina de países «donde esté autorizado el uso de beta agonista como promotor de crecimiento, mientras que para esos mismos productos se mantengan las restricciones para el uso de esta droga en el país» (esto comprende tanto a Brasil como a EE.UU).
Además, se exige a la Afip que arbitre «los mecanismos necesarios para la devolución y/o compensación con otros tributos y/o cargas sociales de los saldos técnicos de IVA que se hayan originado y/o se originen en el futuro por la aplicación de alícuotas diferenciales».
En los fundamentos del proyecto se menciona «a la profunda crisis por la que atraviesa la producción porcina, causada por diferentes situaciones a nivel nacional, como la fuerte suba del precio de los cereales (maíz y soja) a causa de la devaluación de la moneda y la sequía que se produjo a partir de febrero de este año. Tales circunstancias provocaron un aumento de los costos en granja de más de un 50%, si comparamos el costo de diciembre con el de mayo, con una relación de la suba del capón en menos de un 15% y con tendencia a la baja».
Fuente: Edición Rural
