La reacción de distintas provincias por la decisión unilateral del gobierno nacional de suprimir la coparticipación de retenciones a la soja viene en aumento.
En un contexto de ajuste permanente del gobierno nacional hacia las provincias de todo el país, Santa Cruz se convirtió en la primera jurisdicción en presentar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia por la eliminación del Fondo Federal Solidario que dispuso Mauricio Macri con un decreto de necesidad y urgencia.
A su vez, distintos municipios -de las provincias de Chaco, Río Negro, Tucumán y San Juan, entre otros- presentarán amparos en sus respectivos juzgados federales con el mismo objetivo de frenar la decisión del Poder Ejecutivo Nacional. Entre lo que resta de este año más lo proyectado para 2019, las provincias perderán -de no anularse el DNU- un total de 35.000 millones de pesos.
A este recorte hay que agregarle la reducción en las inversiones de capital (obra pública) que entre enero y mayo de 2018 ya contabiliza una caída del 33 por ciento, según el último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
Ayer por la mañana, el fiscal de Estado de Santa Cruz, Fernando Tanarro, presentó ante la Corte Suprema una medida cautelar para suspender los alcances del decreto, así como un pedido para que se analice la inconstitucionalidad de dicha morma.
El año pasado, el Gobierno nacional presionó a las provincias para firmar el Pacto Fiscal a partir del cual las jurisdicciones acordaron resignar recursos propios (vía ingresos brutos) a cambio de un esquema de compensaciones. Dicho Pacto, ratificado por el Congreso y las legislaturas provinciales (a excepción de San Luis y La Pampa, que desistió de su aplicación en marzo de este año) incluía la ratificación del Fondo Federal Solidario.
Pero luego del ajuste fiscal pactado con el FMI, Macri decidió eliminarlo por DNU.
«Debemos señalar que el Fondo Federal Solidario no puede ser derogado en forma unilateral por el Estado nacional por ser creación del Federalismo de concertación. Esto es así, ya que para el perfeccionamiento de la norma se estableció un sistema de adhesión por parte de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En estas condiciones es claro que el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional se encuentra afectado de nulidad absoluta, es irregular y debe ser revocado por razones de ilegitimidad», sostiene el amparo presentado por Santa Cruz.
Según un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), en lo que resta de este año las provincias perderán 8500 millones de pesos. De ese total, las jurisdicciones más afectadas serán Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba con 3402 millones de pesos menos para financiar obra pública en sus respectivos municipios.
Sin embargo, el mayor impacto será en aquellas provincias donde el Estado nacional ya venía aplicando un fuerte ajuste en sus transferencias de capital, como el caso de Santa Cruz o el resto de las provincias de la Patagonia.
En 2018, la región patagónica perderá 739 millones de pesos por la eliminación del FFS, discriminado de la siguiente manera: Neuquén (-148 millones), Santa Cruz (-135 millones), Tierra del Fuego (-105 millones), Chubut (-135 millones) y Río Negro (-216 millones).
Para 2019, las pérdidas para todas las provincias serán de 26.500 millones de pesos, lo que arroja una caída de 35.000 millones para el bienio 2018-2019, según los cálculos del IPyPP.
«La provincia y los municipios pierden las herramientas que se les ha brindado para promover el bienestar de sus habitantes. Este cambio repentino e irrazonable, inhibiendo las transferencias de los aportes concertados, frustra obras presupuestadas y en marcha y se pierden cientos de puestos de trabajo», agregó el fiscal de Estado de Santa Cruz.
Los ministros de Economía de las provincias mantendrán mañana una reunión con funcionarios del Ministerio del Interior y Obras Públicas de Nación. El Gobierno ofrecería compensar -lo que ya se había fijado por ley- con préstamos otorgados por la Anses a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Es decir, reemplazar recursos genuinos y distribuidos según las alícuotas de coparticipación, por nueva deuda.
Fuente: Agritotal
