La nota institucional fue presentada el miércoles en la Cámara legislativa y ha sido dirigida al presidente de la Comisión de Seguridad, Gerónimo Vargas Aignasse.
Tras las reuniones con funcionarios de los ministerios de Seguridad y de Desarrollo, los ruralistas volvieron a exponer su preocupación por “la ola de inseguridad que azota a pobladores y productores en el ámbito rural de la provincia”. Entre varias situaciones, la Sociedad Rural de Tucumán (SRT) y de Argentina (SRA) plantearon ante la Legislatura que “las autoridades policiales no reciben las denuncias de muchas víctimas de delitos agrarios”. “Alegan falta de personal y les solicitan regresar otro día para poder hacer las denuncias, entre otros casos”, expresaron las entidades, mediante una nota firmada por sus presidentes, Sebastián Murga y Daniel Pelegrina, respectivamente.
La nota institucional fue presentada el miércoles en la Cámara legislativa y ha sido dirigida al presidente de la Comisión de Seguridad, Gerónimo Vargas Aignasse. En ese marco, los ruralistas citaron un sinnúmero de hechos delictivos y las metodologías usadas por las bandas, que se habían registrado en las áreas agropecuarias: “homicidios; robos violentos; hurtos; violaciones de domicilios con la ocupación de predios rurales; abigeato (hurto de ganado); quema de viviendas; robo de automotores, tractores y maquinarias agrícolas, productos químicos y semillas.
“Lamentamos profundamente las muertes ocurridas, como la de un rondín en una quinta cítrica. Y en los pocos días que lleva este 2020, ya debemos penar nuevos hechos de violencia, con el homicidio de pobladores y trabajadores rurales”, expresaron en el comunicado.
Además, en el informe hicieron hincapié en “el mecanismo que utilizan los delincuentes”. Según señalaron, los atacantes “cometen ilícitos en la ciudad y, al ser perseguidos por las fuerzas de seguridad, migran a las áreas rurales hasta que se olvidan de ellos o dejan de buscarlos”.
“En ese lapso, planean las acciones delictivas en los campos. Luego de cometerlas, regresan a la ciudad. Así sucesivamente”, manifestaron en el documento.
Las alternativas
Los productores propusieron, como alternativa de prevención y acciones para contrarrestar el nivel de inseguridad, que el Ministerio Público Fiscal (MPF) implemente una página web para realizar denuncias digitales, ante los delitos ocurridos en las zonas rurales.
REUNIÓN. Ruralistas y legisladores de la Comisión de Seguridad.
Remarcaron que esto permitiría acelerar y facilitar las presentaciones y la tramitación policial y judicial. En esa línea, sacaron a colación como ejemplo el sitio de internet de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA ).
“Estimamos que la solución (frente a la inseguridad) pasa más por decisiones políticas que por otra índole. Por ello, solicitamos a la Comisión de Seguridad de la Legislatura que interceda ante los distintos ministerios para lograr la tan ansiada consustanciación y el mayor involucramiento y celeridad ante esta problemática. Si no se da impulso a la lucha, con la firmeza política necesaria, consideramos infructuosa toda gestión”, expresaron las entidades en la presentación.
La Sociedad Rural de Tucumán y Argentina enunciaron, como una medida “vital”, que se deben encarar “trabajos de reparación y mantenimiento de la red caminera provincial por parte de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y de la Dirección de Comunas Rurales. “Debemos facilitar a los pobladores, a las fuerzas de seguridad y a los transportes un trayecto accesible y confortable”, argumentó.
Recursos
A fines de octubre del año pasado, los dirigentes de la Sociedad Rural de Tucumán se reunieron con Claudio Maley y Juan Luis Fernández, ministros de Seguridad y de Desarrollo Productivo, respectivamente, y con la cúpula de la Policía. El encuentro se había realizado luego de una serie de ataques y asaltos en distintos campos de la provincia, y del crimen del sereno de una finca de limones de Los Nogales. Esta situación desmejoró días atrás por el fallecimiento, en situación de robo, de un jubilado de Tala Pozo, en el departamento de Burruyacu.
La Rural remarcó en el texto que en esas conversaciones se había solicitado incorporar móviles y personal en la Dirección de Investigaciones de Delitos Rurales y Ambientales, ya que “cuenta sólo con cinco vehículos y 120 efectivos.
“A la luz de los hechos, este equipamiento resulta insuficiente para concretar una diagramación centrada en la presencia, prevención y lucha contra el delito rural, teniendo en cuenta el territorio extenso y la geografía complicada de la provincia”, explicó.
Los ruralistas indicaron que esperan concretar reuniones con los representantes de los ministerios de Producción, de Gobierno y de Seguridad de Santiago del Estero, donde también los productores han sido víctimas de delitos rurales.
Fuente: La Gaceta
