El excandidato a presidente Roberto Lavagna trabajó con sus diputados de Consenso Federal en una alternativa a la expropiación que el gobierno nacional quiere aplicar para la cerealera Vicentin.
El presidente Alberto Fernández ya intervino la empresa por 60 días, con la excusa del «rescate» de una deuda declarada en un concurso de acreedores por casi $100.000 millones, y enviará un proyecto de ley al Congreso para expropiarla.
Tras recibir al CEO de la empresa, Sergio Nardelli, y luego de que trascendiera que estaba dispuesto a escuchar «alternativas superadoras», finalmente Fernández clausuró el diálogo político con la empresa, dejando en pie solo la opción de la expropiación.
Sin embargo, para Lavagna el camino no es la expropiación y todo se debe hacer en el marco del actual proceso concursal en el cual está la compañía. En rigor, la iniciativa de Lavagna gira en torno de que, sin expropiar, el Estado fomente un acuerdo y tenga una acción (nominal) de oro para, por ejemplo, hacer un veto ante una circunstancia que lo amerite.
El Gobierno pretende la expropiación con tres argumentos. El primero, que la firma Vicentin se transforme en una «empresa testigo»; el segundo, que sirva para la «soberanía alimentaria», y el tercero, que se evite la «extranjerización». Según dicen en el bloque de diputados del excandidato a presidente, que conduce el legislador Alejandro «Topo» Rodríguez, los dos primeros argumentos «están equivocados».
En tanto, respecto de la «extranjerización», si este fuera un motivo que genere preocupación para el Estado, él mismo, con una acción de oro, podría vetar esa posibilidad. En efecto, la alternativa de Lavagna considera que el Estado, luego de facilitar un convenio considerando que es acreedor vía el Banco Nación (la empresa le debe $18.000 millones por prefinanciaciones de exportaciones) pueda tener una acción de oro para un eventual veto.
«Esto que se está trabajando con el bloque puede formar parte de la mesa de discusión», dicen en el espacio del también exministro de Economía. Lavagna trabajó esta idea para que esté en la mesa de debate.
Ante una consulta, Lavagna remarcó que «no hay que expropiar» y destacó que «se puede trabajar en el marco del concurso». Agregó que también es factible hacer una «empresa mixta» ante la situación actual de la compañía. El Gobierno quiere que YPF, a través de su división agrícola YPF Agro, maneje Vicentin. En la alternativa del lavagnismo este es un detalle a definir, ya que la misma empresa entre otros interesados venía hablando con la petrolera por su cuenta y antes del proyecto oficial.
Los diputados de Lavagna son tres. Además del «Topo» Rodríguez, están Jorge Sarghini y Graciela Camaño. Todos ellos son Consenso Federal que, a su vez, integran el Interbloque Federal, un grupo de 11 diputados en total donde, entre otros, cuatro son diputados del gobernador cordobés Juan Schiaretti.
En el Interbloque Federal hay tres exministros del agro provinciales: «Topo» Rodríguez, exministro de Asuntos Agrarios bonaerense; Luis Contigiani (del Frente Cívico y Social), exministro de Producción en Santa Fe, y Carlos Gutiérrez, ex ministro de Agricultura de Córdoba. Estos ministros pueden llegar a tener alguna influencia en la opinión sobre lo que se discutirá en el Congreso.
«La participación del Estado no garantiza tener una empresa que actúe como testigo en el mercado de granos, porque la complejidad de ese mercado lo impide y el tamaño del grupo Vicentin no alcanza en absoluto para eso. Tampoco sirve para garantizar soberanía alimentaria. Pero, si lo que se pretende es evitar una pronunciada extranjerización, hay una alternativa que no requiere necesariamente la expropiación. Debe quedar bien claro que el potencial riesgo de extranjerización no puede ser excusa para sacar la cuestión del ámbito concursal en que se encuentra, y es allí donde debe continuar», expresó Lavagna.
Para el excandidato a presidente y exministro de Economía, en este contexto «una opción razonable, que no rompe la legalidad, sería tratar de acordar una acción de oro en favor del Estado Nacional que, sin interferir en la operatoria de rutina, quede reservada para ser ejercida en decisiones estructurales».
«Así, esa acción nominal le permite al Estado contar con capacidad de veto para impedir la venta total o parcial de la compañía, evitar un escenario de compra hostil o de enajenación sustantiva de activos», indicó.
Para Lavagna, con esta vía el rol del Estado «sería más inteligente que distorsivo» e incluso la empresa quedaría abierta a incluir nuevos capitales privados. «Se trata especialmente de incorporar cooperativas y pequeños productores que hoy son acreedores de Vicentin, así como otros inversores argentinos», dijo.
Fuente: La Nación
