La repentina muerte de Sergio Nardelli, el CEO y uno de los miembros de la familia dueña del grupo agroindustrial Vicentin, se produjo en un momento en el que algunas cosas se habían empezado a enderezar para la cerealera que quiso expropiar Alberto Fernández. Otras se pusieron muy complejas en el último mes.
El foco de la empresa y de Nardelli como CEO, quien fue a verlo al Presidente a la Quinta de Olivos días después de que se anunciara la intervención y expropiación de la empresa, estaba puesto últimamente en el concurso de acreedores que lleva adelante la Justicia. Por otra parte, en la reactivación de negociaciones con potenciales interesados en la compañía.
Para el ejecutivo, que primero la Justicia no aceptara los interventores designados por Alberto Fernández, Gabriel Delgado y Luciano Zarich, ya había sido una victoria importante para defender a la empresa en el marco del concurso donde tiene una deuda declarada por $100.000 millones. Precisamente, luego de que el juez Fabián Lorenzini le diera un plazo de 40 días judiciales hábiles, la firma está abocada a elaborar el cierre de balance de 2019 que, para muchos acreedores, puede ser la llave que explique por qué cayó la empresa en diciembre de 2019 primero con un default por US$300 millones con productores que le vendieron granos.
Así como la Justicia le había dado un alivio a la firma al rechazar la intervención oficial, en la empresa habían capitalizado las marchas de apoyo que se iniciaron desde la misma ciudad de Avellaneda, en Santa Fe, cuna de la firma. Sentían que con su caso se había trasladado también un mensaje potente de una sociedad -por más que muchos no sabía qué era Vicentin- que no estaba de acuerdo con la idea de la expropiación porque temían un precedente para otros casos.
Antes de que el Gobierno quisiera avanzar sobre la empresa, sus directivos estuvieron conversando con grupos nacionales e internacionales alternativas de asociación o venta de activos para aliviar la deuda. En cierto modo despejado el frente político luego de los embates del Gobierno, esos contactos se habían retomado últimamente, según pudo saber LA NACION.
En medio del concurso, la empresa había logrado retomar gran parte de sus operaciones, exportar vía otra empresa controlada -Oleaginosa San Lorenzo- a pesar de una traba de la AFIP y mantener sus compromisos con los empleados al día. Armó una ingeniería de contratos a fasón con otras operadoras que le permitió ir generando un flujo de ingresos. Los síndicos del concurso llegaron a valorar el funcionamiento de la firma en medio de las dificultades.
El conflicto abierto
Sin embargo, más allá de la situación de la cerealera, el grupo viene afrontando un delicado conflicto gremial en Algodonera Avellaneda, otra firma que controla. Allí, con una planta paralizada hace más de un mes, un grupo de obreros reclama pasarse a un gremio de aceiteros. La empresa desconoce la representación de un gremio que no sea el textil.
Este conflicto, por el cual la compañía amenazó con el cierre de una planta que tiene más de 400 trabajadores, tuvo novedades antes del fallecimiento de Nardelli. Por un lado, espontáneamente decenas de trabajadores de la compañía pusieron su firma en un petitorio para que las autoridades judiciales procedan a resolver el conflicto gremial rechazando la injerencia de otro gremio, en referencia a aceiteros. Lo hicieron ante el temor a que el conflicto se traslade a otras empresas del grupo.
En este contexto, preocupadas por la escalada del conflicto, una decena de entidades del norte de Santa Fe se vieron ayer en Reconquista con el ministro de Trabajo provincial, Roberto Sukerman. Difundieron un comunicado diciendo que el funcionario había expresado su rechazo a cualquier bloqueo y avasallamiento sobre la propiedad privada.
Fuente: Agrofy News
