Un juez federal de Rosario resolvió, tras una denuncia de diputados de la oposición, que otro juez federal de la provincia de Córdoba se haga cargo de una investigación donde se señaló una supuesta organización y motivaciones políticas e ideológicas detrás de un ataque contra silobolsas.
Quién tomó esa decisión es el titular del Juzgado Federal 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, tras un caso centrado en Holmberg, en el sudoeste de Córdoba, donde a un productor le destruyeron un silobolsa con maíz en enero pasado.
En julio último, Luciano Bugallo, diputado provincial en Buenos Aires, y Lucila Lehmann, diputada nacional por Santa Fe, ambos de la Coalición Cívica, pidieron que se investiguen los ataques contra silobolsas argumentando que detrás del vandalismo podía haber una «pública instigación a la violencia». Pusieron eso como hipótesis de la denuncia a la que acompañaron otros diputados. Interpretaron en el escrito, donde hicieron un recuento de los diferentes ataques, que había cierta organización y motivación política.
El juez se declaró incompetente por una cuestión territorial, ya que la discusión se centró en torno de Holmberg, Córdoba, pero habilitó la vía para que el trámite se siga en el Juzgado Federal de Río IV.
Llovió, pero todavía no alcanza para cortar la sequía
El fiscal interviniente, Javier Calvo, le había expresado a Bailaque que debía declararse incompetente sosteniendo que se trataba de «ilícitos cometidos por particulares en contra de otros particulares».
Bailaque, si bien se declaró incompetente por una cuestión territorial porque el primer caso fue en Homberg, rechazó esa interpretación del fiscal. «No se advierte cuáles son los elementos considerados por el órgano acusador para descartar -sin más- la hipótesis denunciada…». En rigor, el juzgado da entender que el planteo de los diputados merece la intervención federal.
«Se verifica que el primer caso documentado corresponde a Holmberg (Pcia. de Córdoba). Por su parte, en esta etapa inicial en la que se encuentra el presente sumario, solo se tiene acreditado la producción de diversos hechos aislados, resultando objeto de investigación la hipótesis delictual denunciada. En estas condiciones, considero que es la jurisdicción del lugar del primer hecho constatado quien resulta competente…», indica el magistrado.
Tras el fallo del juez, el diputado Bugallo señaló: «Celebramos el fallo del juez, más allá de que no resuelve el fondo de la cuestión, pero que entiende la existencia de una motivación política e ideológica detrás de estos ataques, tal como lo venimos sosteniendo desde hace meses».
Para el legislador, «no hay dudas que la motivación que lleva a una persona a meterse en la propiedad privada de otro y destruir el fruto de su trabajo es el resentimiento. Pero ese resentimiento sin dudas tiene un origen, que está íntimamente ligado a la constante estigmatización que se hace contra el sector productivo, haciéndolo responsable prácticamente de todos los fracasos y crisis económicas de nuestro país, crisis que justamente las veces que logramos salir, fue justamente gracias al aporte de este sector a la economía».
«Cuando desde un Gobierno, se señala al hombre de campo como un oligarca egoísta que especula, que es avaro, que retiene miles de millones de dólares en los silobolsas, mientras más del 50% de los argentinos la está pasándola mal, sin poder trabajar, viendo de qué manera llenan la heladera y encima desde los medios de comunicación aliados al Gobierno se bombardea durante semanas hablando barbaridades de los productores, es imposible no relacionar los hechos con esta estigmatización. Sobre todo cuando referentes políticos, periodistas e incluso Hebe de Bonafini lo hizo explícitamente, llamando a que se incendien cosechas, rompan silobolsas», agregó.
En tanto, Lehmann destacó que el juez «entiende la necesidad de investigar las posibles motivaciones políticas e ideológicas que llevaron a cometer estos verdaderos hechos terroristas, siendo comprensible que por una cuestión de competencia territorial traslade la investigación al juzgado federal de Río Cuarto».
«En estos tiempos de evidente hostilidad al sector es necesario que la justicia de respuestas rápidas. A ello también debemos sumar la quema de miles de hectáreas de campos, en dónde los productores, que son las principales víctimas, por dañarse sus animales, sus pasturas, instalaciones, sus casas y alambrados, pasan a ser victimarios, acusados injustamente de ser los promotores de estos hechos aberrantes, sin lugar a dudas el objetivo es tratar de enfrentarlos con el resto sociedad», precisó la diputada nacional.
«Exigimos saber quiénes son los verdaderos instigadores de estos delitos, que nada ayudan a la concordia, esperamos que la Justicia investigue y nos brinde prontas respuestas», añadió.
Fuente: La Nación
