La Mesa de Enlace del campo criticó al Gobierno en medio del conflicto por la toma de tierras y en el marco de la usurpación que denunció el exministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere. Lo acusó de tener una «posición ambigua».
«El Poder Ejecutivo, en lugar de buscar apaciguar un conflicto que escala, adoptó una posición ambigua y por momentos parcial, enviando funcionarios públicos a solidarizarse con los ocupantes. De este modo, incumplió con su deber de resguardar la integridad de todos los involucrados y de preservar la paz social», dijo.
La agrupación que integran la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Federación Agraria y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) pidió «recuperar la cordura».
«Los poderes del Estado deben asumir el rol que les corresponde y propiciar el regreso a la situación inicial, liberando la propiedad de sus ocupantes, hasta tanto se resuelva la situación de fondo y la disputa sucesoria familiar que debe permanecer en el ámbito privado y de la Justicia, de donde nunca debió salir», agregó.
«La Argentina tiene ya demasiados problemas acuciantes, con una crisis económica y sanitaria aún creciente, y no necesita inventar nuevos debates muy peligrosos en torno a la propiedad privada o la vigencia de la Constitución y de la ley», agregó.
Para la Mesa de Enlace, «la irrupción en la propiedad privada sin claridad en sus derechos y de manera prepotente pone en crisis la seguridad jurídica, precipitando una crisis institucional, mostrando un Estado y una Justicia complaciente, que no conduce a la solución».
Por otra parte, en un documento conjunto las asociaciones de criadores de las razas Angus, Hereford, Holando, Bonsmara, Brahman, Braford, Brangus, Shorthorn, Sanga, Limousin y Limangus señalaron: «Azorados asistimos a tomas y ocupaciones ilegales de propiedades privadas en todo nuestro país, ante la pasividad de los poderes públicos competentes».
«La pasividad que se observa en la falta de resolución inmediata de estas violaciones de derechos, fomenta claramente la impunidad, el accionar ilegal y la falta de cumplimiento de las garantías por las que debe velar el Estado, mediante sus tres poderes», agregaron.
