Las economías regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) volvieron a manifestar su preocupación por la falta de mano de obra en el campo y sostuvieron que los pequeños y medianos empresarios agropecuarios aseguran que los planes sociales desincentivan a los beneficiarios a aceptar un empleo registrado, ya que el “blanqueo” implica la baja automática de los beneficios.
“El “Plan Empalme” jamás funcionó, entonces, tras finalizar la relación de dependencia, pueden pasar dos o tres meses hasta que vuelven a cobrar la asistencia social”, sostienen desde la entidad.
Desde las economías regionales de CAME no cuestionan la ayuda que el Estado brinda a los más necesitados, pero sí coinciden en que no debería ser un escollo para el normal desempeño de la actividad, responsable de garantizar la mesa diaria de los argentinos.
“Los trabajadores nos transmiten su miedo a perder la ayuda estatal si los registramos y prefieren no asumir el riesgo, ya que es la única fuente de ingresos que tienen. Nosotros necesitamos mano de obra y por eso solicitamos compatibilizar los planes y programas sociales con el empleo registrado, de forma tal que puedan seguir cobrándolos pese a estar en blanco”, aseguró Eduardo Rodríguez, presidente de Economías Regionales de CAME.
Para que el problema no se agrave ni se replique en otros cultivos es necesario que el Estado intervenga de manera urgente. “Es paradójico que, por un lado, el Gobierno quiera combatir la evasión y la informalidad; y por el otro nos coloque en esta encrucijada”, recalcó Rodríguez.
Actualmente, los productores deben decidir entre perder parte de la cosecha o bien contratar trabajadores en negro, fomentando la industria del juicio y arriesgándose a recibir una sanción por empleo no registrado. Sea cual sea la opción elegida, los riesgos son altos.
La mano de obra tiene una alta incidencia en los costos de producción del sector, ya que representa entre el 45% y el 75%, según la actividad. Con respecto al nivel salarial, por ejemplo, en el oasis este de la provincia de Mendoza, los viñateros pagan hasta $100 el tacho, mientras lo acordado era $50; por lo que un cosechero puede cobrar un jornal de entre $5000 y $6000.
Las producciones regionales emplean a alrededor del 70% de la mano de obra rural, dando trabajo a aproximadamente 625.000 trabajadores temporarios en época de cosecha. “Un país con hambre y altas tasas de desempleo se da el lujo de desperdiciar alimentos por no contar con la cantidad de personal necesario para levantar la zafra”, remarcó el titular del sector de Economías Regionales de CAME.
Fuente: Mitre y el Campo
