El 29 de marzo el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación informó la suspensión de «15 exportadoras de carne por evadir controles del Estado», sin dar detalle de cuáles eran esas firmas. Por entonces sonaba en el ambiente el «rulo cárnico»: un mecanismo de subfacturación que algunas empresas habrían realizado para, triangulación mediante, hacer una diferencia gracias al desdoblamiento cambiario. El anuncio oficial, supuestamente ponía coto a esta operatoria.
Dos semanas después se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 60, estableciendo nuevos requisitos para firmas exportadoras sin planta propia. Cuatro días más tarde, una resolución conjunta de la cartera agrícola y el Ministerio de Desarrollo Productivo estableció la Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC), que de inmediato rememoró en el sector los Registros de Operaciones de Exportación con los que Guillermo Moreno manejó a su arbitrio las ventas al exterior de la agroindustria argentina en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Esto permisos comienzan a regir a partir de hoy, motivo por el cual el Director Nacional de Control Comercial Agropecuario, Luciano Zarich, se reunió con las empresas exportadoras y declaró: «el nuevo sistema para la presentación de las declaraciones juradas permitirá transparentar el mercado exportador evitando irregularidades que atentan contra el ingreso de divisas y el normal desarrollo de la actividad«. O sea que las DJEC serían la consecuencia de aquellas irregularidades por las que se bajó del registro a empresas hasta el momento desconocidas.
Desde que Agricultura comunicó la penalización a las exportadoras, el periodista especializado Matías Longoni pidió saber la identidad de las mismas. Pero nunca obtuvo respuesta. Tras varios intentos, finalmente decidió iniciar el trámite de pedido de acceso a la información pública. «En esa comunicación, y en todas las consultas posteriores que hicimos, Agricultura se negó a dar a conocer la identidad de los infractores y las causas de la sanción. Por eso nuestra pregunta es: ¿Quiénes son? ¿Qué hicieron? ¿Se justifica por esto que vuelvan los ROE o es una excusa? ¿Existen?», explicó.
«En esta solicitud de acceso a la información pública, pretendemos que el Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, informe los nombres de esas 15 exportadoras de carne que fueron suspendidas, su número de CUIT, y qué infracción se les imputa, así como de qué sanción fueron objeto«, argumentó en el expediente EX-2021-35853493- -APN-DNAIP#AAIP , que ingresó en la cartera agrícola el domingo 25 de abril.
Según la Ley 27.275, de Acceso a la Información Pública, el organismo debería contestar el pedido dentro de los 15 días hábiles posteriores. Esa fecha se cumple hoy, viernes 14 de mayo, y aún no han respondido el pedido, confirmó Longoni.
En el sitio web Bichos de Campo, donde actualmente se desempeña el periodista, se explica que la normativa establece que el pedido de información pública es «una solicitud de datos que están en manos del Estado o que han sido generados, obtenidos o financiados con fondos públicos nacionales«. Y lamentan haber llegado a esta instancia, puesto que las autoridades podrían responder en conferencias de prensa regulares «sin tanta burocracia, en buenos términos, contando su visión de las cosas».
«Es triste, porque este recurso de acceso a la información pública finalmente se originó en funcionarios que prefieren callar, quizás avergonzados o inseguros de lo que están haciendo», sostiene la nota.
Fuente: Campo litoral
