Argentina sin reservas para pagar la importación de combustibles

Esta vez no fue el astronauta Jack Swigert en su accidentado viaje al espacio con la nave Apolo 13 sino el ministro de Economía, Martín Guzmán, el que bien podría haber dicho esta icónica frase: “Houston, tenemos un problema”.

La alegoría de aquel pedido de ayuda que en inglés sonó “Huoston, we have a problem” no es más que una licencia como para poner en contexto la magnitud del desafío argentino en materia energética. En 1970, en la base norteamericana se escucharon esas palabras después de una advertencia en el tablero de mando tras una explosión; en 2022, no hubo estallido, pero la necesidad que tuvo de Guzmán de correr a Houston tiene que ver con el enorme problema que se le avecina a la Argentina en invierno.

Tal es la dificultad que el ministro abandonó el país y corrió a Estados Unidos en un momento clave de su gestión, ni más ni menos que en los días en que el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) recorre con frenesí las dos cámaras del Congreso. Regresó al país hoy por la mañana.

La corrida de Guzmán despertó el enojo de varios oficialistas que quedaron en medio de un juego de esgrima, más con los propios que con los ajenos; sin embargo, detrás de la urgencia por llegar CERA Week 2022, el evento anual de energía de mayor prestigio mundial, se esconde el desafío más grande que tiene el Gobierno, aún por encima de la aprobación del acuerdo con el FMI.

El asunto es crítico: la Argentina no tiene la plata para pagar la factura de gas importado para pasar el invierno. Acá no hay dobles lecturas ni cuentas que se puedan maquillar. No hay dólares; con o sin acuerdo.

Aquí van los números que explican la corrida de Guzmán. La Argentina importó el año pasado 56 barcos tanques de gas (GNL) por un total de US$3290 millones. Ese cargamento se pagó, como para referencias, a US$8,33 el millón de BTU (unidad de medición británica).

Las previsiones para el invierno son 70 barcos y no aquellos 56 de 2021, ya que hay menos agua en los diques y, por lo tanto, menos generación hidráulica. Ahora bien, como consecuencia de la guerra, el BTU tiene un precio por encima de US$50.

De hacer una cuenta simple, aunque solo aproximada -multiplicar el costo del año pasado por el incremento de la cotización-, podrá apreciarse que no hay ninguna manera de que la Argentina pague como mínimo US$10.000 millones solo de importación de GNL. A ese monto, además, habría que sumarle todo el resto de la energía importada que viene de Bolivia y Brasil, además de los otros subsidios que se dan en el mercado interno. Un paquete de subsidios energéticos de más de US$15.000 millones es, simplemente, impagable.

Este es el meollo del problema que ve Guzmán y que lo llevó a volar de urgencia a Houston, aún en medio del debate parlamentario de su criatura.

La importación de GNL tiene, además, otro condicionante. La Argentina nunca construyó una planta regasificadora. Por ese motivo está obligado que alquilar dos barcos regasificadores, uno anclado en Bahía Blanca y otro en Escobar, que suplen esa falta de infraestructura que sí construyó Chile cuando el país le cortó el abastecimiento de gas.

Esta operatoria de los barcos se pensó para unos meses y, de hecho, el primer año, en 2008, recibió seis cargas; cinco años después, en 2013, esa cuenta cerraba en 42. Para este año se habla de 70. Fue una conjunción perfecta entre negocios millonarios y necesidad.

Sin planta es imposible el acopio y, por lo tanto, no se puede comprar combustible en épocas de precios bajos para utilizarlos cuando hay alta demanda. Acá se contrata en el momento en que se necesita y cuando se pueda enchufar al barco. De todas las maneras de abastecerse gas, esta es la más cara y la más ineficiente.

Eso no es todo. El país no tiene crédito, menos aún en el mercado de los combustibles. La operatoria es así: la Argentina compra y el barco, para el caso del puerto de Escobar, espera en aguas jurisdiccionales uruguayas. Una vez que se acredita el depósito, en dólares físicos, como le gusta decir al kirchnerismo, en las cuentas de la naviera en Estados Unidos, la embarcación ingresa al canal que lo lleva a puerto argentino. En Bahía Blanca es similar. Sería algo así como ir a cargar nafta y que el empleado no active la llave del surtidor hasta que no esté pago, por adelantado, hasta la última gota de combustible. No hay reservas para esa operación en este invierno.

La pérdida de la soberanía

Pese a las declaraciones públicas, la política energética de los tres primeros gobiernos kirchneristas, comandada en distintos momentos por el póker que conforman Julio De Vido, Roberto Baratta, Guillermo Moreno y Axel Kicillof, ha terminado por generar una fuerte dependencia de la importación de energía.

En 2010, la Argentina perdió la soberanía energética y, pese a encontrar esa frase en varios documentos del Estado (en los motivos que llevaron a la estatización de las acciones de Repsol en YPF, por caso), el autoabastecimiento es solo una ilusión política.

Es posible que si el invierno es frío, muchos argentinos sientan por primera vez las consecuencias del congelamiento de tarifas, de la falta de infraestructura y de inexistencia de planificación regulatoria.

Durante más de una década se validaron precios de importación de gas muy por encima de los valores que se reconocían a los productores locales. Semejante diferencia generó que no haya un flujo de inversión que mejore sustancialmente la infraestructura de producción. A ese panorama se sumaron los continuos cambios de reglas de juego y los congelamientos de tarifas de casi dos décadas, con apenas algunas excepciones.

Con la energía a precio de regalo, se despertó la demanda de usuarios particulares, especialmente en la electricidad. Alguna vez, al inicio de la presidencia de Néstor Kirchner, se optó por hacer fuertes cortes de gas a las industrias.

Pero ahora la cuestión cambió. El gran consumo de gas se utiliza para la generación de electricidad. Según el último reporte de Cammesa, la empresa estatal mayorista que vende electricidad, en enero de 2022, la demanda residencial fue de casi el 50% del total. Los hogares consumieron 6,4 millones de MWh frente a 3,6 millones de MWh de los usuarios comerciales y a 2,9 de la industria y grandes usuarios.

Esa relación fue, históricamente, un tercio cada uno. Ahora todo está sesgado a los usuarios residenciales, los que más consumen y los subsidiados. Más aún: en enero de 2019 ese segmento se llevaba 5,2 millones es de MWh de 11,6 millones que fue la demanda total. El primer mes de 2022, el consumo subió a 6,3 millones de MWh.

La infraestructura tampoco acompañó la demanda. Por caso, por más gas que haya en Vaca Muerta, no se puede usar por la falta de un caño que lo transporte. El que hay está lleno. El Gobierno, después de dos años de indefiniciones, decidió que será el Estado el que haga la obra del segundo gasoducto. Por ahora hay una sola medida que se ha tomado: se llamará Néstor Kirchner.

Durante muchos años, la Argentina escondió el problema debajo de una alfombra tejida de dólares que conformaron los subsidios. Preparó silenciosamente la peor de las crisis. En poco tiempo llega el invierno. Y no hay alfombra.

Fuente: La Nación