Ruralistas y dirigentes agroindustriales expresaron su rechazo al cierre del registro para exportar harina y aceite de soja que podría derivar en la suba de los derechos de exportación de ambos productos.
“Al Gobierno no le importa ni el bolsillo de la gente ni la actitud del productor sino sus problemas y situaciones fiscales”, señaló Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro.
“Siempre nos hemos manifestado en contra de las actitudes unilaterales en temas tan importantes que están vinculados a precios, al abastecimiento de la alimentación saludable y sustentable y a lo que incide en la actitud del productor”, dijo y se lamentó: “Este Gobierno se ha manifestado, gestionado y ha operado unilateralmente”.
Iannizzotto sostuvo que “en un horizonte internacional tan complicado, tan triste, desde lo humano que se a extender a la faz económica, tenemos que redoblar esfuerzos para incrementar nuestra producción y garantizar un abastecimiento alimenticio saludable y sustentable para nuestra nación y otros países”.
Por su parte, José Martins, vocero del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, dijo: “Nos tomó por sorpresa el cierre del registro del complejo industrial sojero. Expresamos nuestro rechazo a cualquier cambio en las reglas de juego y a cualquier intento de aumentar la carga impositiva que ya tiene el sector, máxime en una campaña azotada por la sequía que redujo notablemente el volumen de la cosecha”.
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El directivo opinó que “cercenar exportaciones y subir impuestos es frenar la dinámica del principal sector que provee divisas y genera empleo”, en el país. Para el vocero del CAA, el cierre del registro de exportaciones “es ir a contramano de lo que debemos discutir para abastecer a un mundo que requerirá un mayor aporte de nuestro país”.
Reclamo
Según Martins, “el lamentable conflicto bélico nos pone frente a la responsabilidad de producir más y con mayor valor agregado para atender esas demandas. Esto va a generar divisas y, por supuesto, mayor empleo en nuestros compatriotas”.
Martins expresó su deseo de que no haya suba de retenciones y pidió que “se recapacite y que no haya cambios en las reglas de juego”.
En tanto, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, señaló: “El Gobierno sigue generando incertidumbre en la economía y enviando pésimas señales a los productores”.
Para el ruralista, no obstante, el Gobierno no tiene potestad legal para incrementar los derechos de exportación porque ya no tiene las facultades que le delegó el Congreso para aumentar este tributo.
Según interpreta la SRA, estas facultades se cayeron cuando perdió la votación por la ley de presupuesto 2022. Al respecto, consideró: “Es verdad que la historia reciente marca que, después de un cierre de registro de exportaciones, viene un nuevo esquema de retenciones. Pero hoy, sin facultades delegadas, el Gobierno no puede tocar ninguna alícuota”.
Pino recordó que la SRA presentó un recurso de amparo en la justicia federal de Córdoba porque “hoy se está cobrando un impuesto sin sustento legal”.
Más críticas
Para Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), el cierre del registro de exportaciones para harina y aceite de soja es “una pésima medida y una muy mala señal al sector”.
Según el ruralista, “claramente esto va a aumentar la presión tributaria y esto fue advertido por la Mesa de Enlace: no hay ningún espacio para un aumento tributario”.
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Salaverri alertó: “Este tipo de medidas va a aumentar la tensión que pueda llegar a darse entre el sector y el Gobierno”.
En tanto, Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), había expresado el sábado pasado que una eventual suba de retenciones “sería un paso más en la equivocación de las políticas de Estado hacia el campo, porque significaría una presión impositiva mayor sobre la rentabilidad que ya está diezmada en el sector”.
En declaraciones al programa “Dato Sobre dato”, de radio Milenium, el ruralista advirtió que de concretarse el aumento de los derechos de exportación “muchas producciones entrarían en estado de quiebra”.
En opinión de Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), la medida oficial es “es una mala señal”.
“Es un diferencial que beneficiaba al sector industrial y no a nosotros porque los granos, sea para industrializar o exportar en grano, siempre nos pagan con un descuento del 33%. Pero es una mala señal”, afirmó Achetoni.
Manuel Passaglia, intendente de San Nicolás donde la semana pasada se hizo la última edición de Expoagro, criticó la medida oficial. “Se pasearon por la @Expoagrocom abrazando productores y repitiendo promesas, para anunciar el cierre de exportaciones y más impuestos sólo 48hs después. Las mismas recetas de los mismos de siempre. Ir contra el #campo es atentar contra el futuro del país”, dijo en su cuenta de Twitter.
Por su parte, Juan Diego Etchevehere, director del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), indicó: “Mientras los entrerrianos estamos en Emergencia Agropecuaria producto de los incendios y la sequía, el Gobierno planifica aumentar impuestos. No solo demuestra insensibilidad sino que no respeta la ley. Hoy sólo puede modificar retenciones el Congreso”.
