Tiene que ver con la soja e impactará sobre los productores agropecuarios. Es lo primero que debe decirse sobre la suba de dos puntos en las retenciones a la harina y el aceite soja, que prepara el Gobierno –y se oficializaría en los próximos días.
Hay que aclararlo porque en medio de rumores no desmentidos, y mientras se demora la instrumentación, la portavoz oficial, Gabriela Cerrutti, dijo que entre las medidas en estudio “ninguna se refiere a la suba de la retención a la producción de la soja”.
No hace falta redundar en cuestiones semánticas. La harina y el aceite son de soja, por lo tanto no vale pena explicar la relación natural, y obvia, entre el producto como grano y sus subproductos.
Además, detalle no menor, el protagonismo de la soja en la economía argentina no se expresa en forma de poroto, sino como harina y aceite. Esas dos modalidades, llámense subproductos o derivados, representan el 75% del volumen total exportado por el complejo oleaginoso, que lidera la balanza comercial argentina desde hace 25 años.
El impacto sobre los productores, y no sólo sobre los exportadores, no luce tan a primera vista, pero también es una realidad que se subleva a pesar de los deseos imaginarios del Gobierno (o del peronismo, según explicó el escritor Juan José Sebreli).
Alberto Fernández y sus ministros buscan presentar la decisión como un pedido de aporte “a los exportadores de granos”, que no tendría efecto sobre lo que reciben los productores por su cosecha. Argumentan que no cambiará el 33% que paga el grano de soja como derecho de exportación. Entonces, según el relato oficial, como los productores venden grano, no verán cambios en su negocio.
Sin embargo, el 90% de la soja que se produce en la Argentina se exporta, con lo cual es insignificante el impacto de su precio en la “mesa de los argentinos”, a pesar de que en la carambola discursiva se presenta la decisión como parte de la «guerra contra la inflación».
También, por lo explicado antes, la soja que cosechan los productores termina valiendo lo que pagan quienes procesan los granos y los venden como harina y aceite. En este rubro, los exportadores y la industria conforman la demanda: son los clientes de los agricultores.
En ese sentido, a agroindustria instalada en más de 20 puertos en la zona del Gran Rosario, principal cluster económico desarrollado en la Argentina en las últimas décadas, va a pagar menos a sus proveedores si el valor con el que puede facturar es Inferior.
Es cierto que los precios subieron con lo cual los productores sembraron con una perspectiva de menor margen de rentabilidad por tonelada. Pero también es verdad que hubo importantes pérdidas por sequía. Y como en cualquier negocio, a riesgo empresario, nadie quiere perder el derecho a capturar las ganancias.
Como sucede en cualquier cadena comercial, cuando la Aduana le retenga ya no 31% sino 33%, los exportadores –que antes de embarcar le agregan valor al grano con la transformación en harina y aceite- van a tener menor capacidad de pago a sus proveedores, los productores.
La consultora Lorena D´Angelo calculó que la capacidad de pago de la industria a los productores se reduciría de US$ 485 a US$ 469 por tonelada de soja, lo que representa una merma de US$ 16.
Los productores representamos “el eslabón que no puede trasladar los ajustes de precio en la cadena productiva”, explicó Jorge Chemes, presidente de CRA, una de las entidades de la Mesa de Enlace, que advirtió que con el cierre de exportaciones y los cambios en las retenciones, el Gobierno envía “pésimas señales a los productores”, en especial a los de pequeña escala, para los cuales la soja sigue siendo el cultivo más “accesible” por su menor costo de implantación respecto del maíz.
En tanto, para el Estado esos “dos puntitos” significarían otro zarpazo: US$ entre 400 y 700 millones más de recaudación, que se suman a la presión fiscal ya reglamentada -con las retenciones y la brecha cambiaria- y al incremento de los últimos meses por la suba internacional de los precios.
Esa es la verdadera razón de este aumento de retención encubierta. La inflación y la guerra son dos factores que no tienen que ver directamente con el campo. Pero en el relato oficial utilizan una responsabilidad propia y un factor externo como “argumentos” para castigar a la actividad más competitiva de la economía, y a quienes trabajan en ella.
Fuente: Clarín
