Luego de que el Ministerio de Agricultura, que conduce Julián Domínguez, adelantara a la industria semillera la idea de plasmar en una resolución el cobro del uso propio gratuito que hacen hoy los productores que, por ejemplo, se guardan soja para semilla en la siguiente campaña, las entidades que conforman la Mesa de Enlace rechazaron dicha iniciativa.
En un comunicado, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) remarcó que la iniciativa que quiere llevar adelante Agricultura no es más que “otro proyecto sobre un tema estratégico sin consenso alguno”.
En este sentido, indicaron: “El comportamiento circular también se repite a lo largo de los años, siempre somos convocados para ser informados de una decisión ya tomada. Lo que necesitamos es que se nos convoque a intercambiar opiniones y propuestas que terminen en una decisión que comprenda e integre a todas las partes”.
Y señalaron que, “cualquiera sea el camino que se tome para establecer una solución de largo plazo en el reconocimiento de la propiedad intelectual en el mejoramiento fitogenético, se deberá respetar dos acuerdos básicos consensuados por toda la cadena de producción, comercialización y uso de semilla: los derechos de propiedad intelectual en el mejoramiento fitogenético deben ser debidamente reconocidos y el cobro de este reconocimiento se hará exclusivamente sobre la semilla”.
“Sería importante informar al ministro de Agricultura y al presidente del Inase que estos dos acuerdos básicos fueron ratificados en tres oportunidades”, enfatizó CRA.
Por su parte, Coninagro expresó que como entidad “en ningún momento fue consultada, respeto a este trascendido a la ley de semillas que, según se estima, modificarían mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)”.
“Apoyamos el desarrollo de las tecnologías y la innovación, que debe ser reconocida y que tiene que tener un proceso de mejora y mayor desarrollo de la cadena agroindustrial. Rechazamos cualquier intento unilateral de modificar un tema tan sensible sin que las partes sean consultadas y en particular el productor que representamos”, subrayaron en la entidad cooperativa.
“El diálogo en estos temas es un elemento fundamental para la toma de decisiones. En este contexto, estamos a disposición de las autoridades y del resto de los actores de la cadena para generar en conjunto una solución que nos incluya a todos y podamos tener un desenlace superador que se discute desde hace más de 20 años”, agregaron.
Vale recordar que la actual ley de semillas, de 1973, contempla el uso propio sin límites. Esa norma viene de una época en que la biotecnología agrícola no existía y la soja apenas superaba las 400.000 hectáreas. Muy por debajo del rango actual de 16 a 17 millones de hectáreas. La industria semillera viene reclamando un reconocimiento a la propiedad intelectual para avanzar en más inversiones.
Entre otros dirigentes, Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), señaló que existen muchos aspectos para analizar con más detalle.
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“No lo veo bien ¿Cómo se hará con quien compró la tecnología en la bolsa y, además, le cobren canon y que se termine el uso propio gratuito?”, se preguntó.
“Además, este cobro compulsivo no está bien porque pagaríamos por variedades con tecnología aplicada y otras que no la tienen. Por otra parte, el uso propio es lo que los agricultores que hemos ganado, aportando conocimientos, trabajo y riesgo. Está consagrado en la ley y cualquier resolución en contra, viola la normativa vigente”, enfatizó.
En esa línea, Santiago del Solar, coordinador de la Comisión de Granos de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y exjefe de Gabinete del Ministerio Agricultura, dijo que, “por ahora como está planteada la cosa, genera mucha alarma”.
Recordó una foto de la reunión de los directivos de la industria junto a funcionarios de la cartera agrícola. “En esa reunión no estaba ningún productor, o sea, estaba el Gobierno pactando algo con los semilleros a espaldas de los productores. Es lo mismo cuando uno está en un restaurante con el menú y el que tiene que pagar la cuenta no está sentado y no participa en nada. El que tiene que pagar es el productor y no fue consultado, es muy duro para los productores”, explicó.
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“Aparentemente sería una regalía global lo que se propone cobrar sobre el grano que se vende. Es una retención más. Por eso de entrada decimos así no va. Si vamos a hablar de algo, tiene que ser algo serio, no que por una resolución me puedan cobrar en una liquidación de granos un 2%, como ha trascendido. Si es eso, son unos US$300 millones o más que le quitarían al productor de soja argentino, lo cual sería absurdo”, añadió.
Aunque sí entiende que se necesita un sistema de remuneración para la propiedad intelectual, Del Solar no cree que una resolución de este estilo “tenga una base legal para poder hacer semejante cosa”.
“Tiene que ser por ley, donde se discuta como se discutió otra vez, que estén los productores y, por supuesto, que los que votan son diputados y senadores. No puede arreglarse en un salón del Ministerio de Agricultura, entre el ministro y los representantes de los semilleros cuánto le van a cobrar al productor”, remarcó.
Otra cuestión no menor que reparó el exfuncionario es hacia donde iría ese dinero que se va a recaudar. “Me da la sensación que es una ingenuidad bastante grande de los semilleros de querer que ellos van a cobrar ese dinero. Una vez que le descuentan al productor esa regalía global, eso irá a parar, supongamos, a un fideicomiso (que está muy de moda). A partir de ahí van a ir apareciendo quienes van a decir que les corresponde porque son pequeños semilleros o que tienen un plan de investigación, entonces también les corresponde una parte. Todo el mundo va a estar pidiendo de esa plata”, aseguró.
Para Elbio Laucirica, vicepresidente de Coninagro, si bien desde la entidad siempre han sostenido una postura de reconocimiento a la tecnología en general y a los avances genéticos en particular, “un canon a la producción no parece lo más adecuado”.
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“Desde la cartera de Agricultura nos transmitieron la preocupación que les transmiten los obtentores en cuanto al nivel de uso de semilla fiscalizada, que es solo del 18%, como así también de causas abiertas con algunos productores. Ante esto, nos manifestaron que están estudiando alternativas, las que serían oportunamente consensuadas con las partes. Y que de avanzar estas decisiones no afectarían a aquellos productores que hacen uso de semilla fiscalizada. Quedamos en que nos reuniríamos antes de tomar cualquier decisión para analizar y buscar la mejor alternativa para resolver este tema”, afirmó.
En tanto, Del Solar pidió ir por el camino de la ley, “que debía haber estado promulgada en su momento pero que no hubo apoyo del partido que hoy promueve esta resolución”. Vale recordar que el gobierno de Mauricio Macri intentó una solución al conflicto abierto por la propiedad intelectual.
“El ahora oficialismo fue quien se tiró en contra del proyecto de ley semillas, también lo hicieron los semilleros cuando estaba listo el DNU [para sacar por esa vía un cambio de normativa]. Pero ahora resulta que de golpe se sientan en una oficina del Gobierno y nos dicen que nos van a querer cobrar una regalía global. Así no va”, cerró.
Más críticas
En un comunicado, entidades rurales y asociaciones de productores del norte bonaerense (San Pedro, Rojas, Baradero, Areco, Capitán Sarmiento, Arrecifes, Pergamino, Salto y Colón) criticaron la propuesta oficial.
“Desde las rurales del norte de Buenos Aires repudiamos un hecho más de intromisión del Estado en las actividades privadas, como vemos hoy, con el aporte compulsivo para eventos tecnológicos”, dijeron.
“Un tema tan sensible que afecta, tanto a obtentores de semillas, como a los productores, razón por la cual, requiere tratamiento en el Congreso. Somos conscientes que se deben pagar los eventos tecnológicos, que hacen a los resultados productivos, pero una vez más, vemos interferir a la política entre particulares”, agregaron. Fuente: (La Nación)
