El gobierno de Nueva Zelanda pretende comenzar a cobrar a partir de 2025 un impuesto a las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por las empresas agropecuarias de esa nación.
Para eso lanzó este martes una consulta pública, que estará abierta hasta el próximo 18 de noviembre, con el propósito de terminar de “cerrar” la propuesta de incremento de la presión tributaria. La meta es que sea aprobada en 2023.
El proyecto contempla, por un lado, gravar las emisiones de óxido nitroso promovidas por la fertilización nitrogenada, mientras que, por otro, pretende establecer un gravamen para las emisiones de metano biogénico realizadas por rumiantes.
Para calcular las emisiones, los productores tendrán que informar anualmente superficie, uso de fertilizantes nitrogenados y existencias y producción ganadera.
Uno de los tópicos contenidos en la consulta pública es la posibilidad de gravar directamente al fabricante o importador del fertilizante nitrogenado en lugar de hacerlo sobre la empresa agropecuaria. En cualquier caso, se tratará de un incremento tributario.
Por medio de un comunicado con un título muy particular (“Una propuesta pragmática para reducir las emisiones agrícolas y mejorar las exportaciones y la economía”), el gobierno de Nueva Zelanda lanzó la iniciativa que, obviamente, no fue bien recibida por el sector agropecuario de esa nación.
“Este es un importante paso adelante en la transición de Nueva Zelanda hacia un futuro con bajas emisiones y cumple nuestra promesa de poner precio a las emisiones agrícolas a partir de 2025”, dijo la primera ministra neozelandesa Jacinda Ardern.
“La propuesta vería a los agricultores de Nueva Zelanda liderar el mundo en la reducción de emisiones, brindando una ventaja competitiva y mejorando nuestra marca de exportación. Ningún otro país del mundo ha desarrollado aún un sistema para fijar precios y reducir las emisiones agrícolas, por lo que nuestros agricultores se beneficiarán de ser los primeros en actuar”, aseguró.
Por su parte, el ministro de Cambio Climático, James Shaw –sí, tienen un Ministerio de Cambio Climático–, explicó que “para 2025 Nueva Zelanda introducirá un sistema que significa que los agricultores pagarán un precio por sus emisiones y serán recompensados por tomar medidas para reducir la contaminación climática. Los países que se enfrentan a los mismos desafíos que nosotros están mirando una vez más a Nueva Zelanda en busca de liderazgo climático”.
Es decir: se aplicará un impuesto a todas las empresas agropecuarias, pero el mismo dependerá del nivel de emisiones que genere cada una. Si una empresa, por ejemplo, deja de usar fertilizante nitrogenado, abonará un impuesto menor, pero, claro, también verá muy probablemente cómo se derrumban los rendimientos agrícolas.
La respuesta del agro ante tan insólita iniciativa llegó con un escueto comunicado de la Federación de Productores de Nueva Zelanda, que agrupa a las empresas agropecuarias de todos los rubros: desde frutícolas y hortícolas hasta agrícolas, ganaderas y lecheras.
“El plan de reducción de gases de efecto invernadero publicado por el gobierno arrancará las tripas de los pequeños pueblos rurales de Nueva Zelanda, poniendo árboles donde solía haber establecimientos productivos”, alertó la Federación.
“El plan tiene como objetivo reducir la cría de ganado ovino y vacuno en Nueva Zelanda en un 20% y la ganadería lechera en un 5% para alcanzar los objetivos nacionales de reducción de gases de efecto invernadero, que no son científicos, porque se han sacado de un sombrero”, apuntó.
Los representantes del agro señalaron que se sienten traicionados por el gobierno de Jacinda Ardern porque en los últimos años estaban trabajando con las autoridades en el diseño de un esquema de incentivos (“New Zealand Emissions Trading Scheme) orientado a reducir las emisiones en el sector. Y ahora se encontraron sorpresivamente con la propuesta de un “impuestazo”.
“Nuestro plan era mantener a los productores produciendo la tierra. Pero con la nueva propuesta oficial los campos se venderán tan rápido que ni siquiera escucharán a los perros ladrar en la parte trasera de la camionetas mientras se alejan”, ironizó Andrew Hoggard, presidente de la Federación de Productores de Nueva Zelanda.
El representante del agro neozelandés aseguró que el proyecto oficial, tal como está diseñado, promoverá una despoblación de vastas regiones productivas, además de generar un problema social y económico. “Todos los cafés, los estacionamientos, las escuelas, los pubs, los clubes de rugby, las peluquerías y los supermercados de los pequeños pueblos rurales pueden decir adiós a sus negocios, pues dependen de la actividad agropecuarias presente en las comunidades”, advirtió. (Bichos de Campo)
