Las reglas de juego mundiales en las que se deberá desenvolver el agro argentino en los próximos años comenzarán a escribirse en poco más de una semana en Egipto. En esta nación de Medio Oriente se realizará la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) en la que los países miembros podrían asumir compromisos de reducciones de gases de efecto invernadero que tendrán impacto sobre los sistemas de producción.
Guste o no, es el mundo que se viene y hay señales para estar atentos. Hace unas semanas, el gobierno de Nueva Zelanda anunció que pondrá en marcha un impuesto a la producción ganadera por su responsabilidad en las emisiones. La primera ministra Jacinda Ardern convocó a los productores neozelandeses para el mes próximo con la intención de discutir la medida que entraría en vigor en 2025. Por supuesto, ya comenzaron las protestas en las calles de Wellington y Auckland, entre otras ciudades de un país emblema de la ganadería pastoril que tiene un rodeo de seis millones de cabezas de ganado vacuno y 26 millones de ganado ovino.
A su vez, la Unión Europea sigue firme con su iniciativa de Pacto Verde, por el cual, en el capítulo agrícola, “De la granja la Mesa”, se propone reducir en un 50% el uso de agroquímicos, 20% el de fertilizantes y 50% en productos para sanidad animal, así como procura destinar el 25% de las tierras que hoy están en producción a la agricultura orgánica. Además, se propone elevar los estándares ambientales para las importaciones de carne, granos y lácteos entre otros productos, con criterios idénticos a los que exige para su mercado interno, compuesto por casi 450 millones de consumidores.
Esta nueva política europea ya entró en tensión no solo por los intereses de sus propios productores agropecuarios sino por el conflicto que provocó Rusia al invadir Ucrania. Un ejemplo de esto último es que tras mantener cerrado su mercado al maíz argentino por supuestas razones sanitarias decidió reabrirlo ante el riesgo de quedarse sin el cereal que provenía de territorio ucraniano.
“Todo el mundo quiere comer bajo nuevas condiciones”, dijo Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC durante el reciente Congreso Internacional de Maíz que se celebró en Córdoba. Esas nuevas condiciones se refieren a que se está exigiendo producir con una menor emisión de gases de efecto invernadero, libre de zonas de deforestación y con condiciones sociales adecuadas. “Parece una agenda lejana, pero está a la vuelta de la esquina”, señaló. “Nos creemos los mejores del mundo, pero tenemos que demostrarlo”, añadió.
Aunque en la cadena agroindustrial argentina ya hay diferentes iniciativas en marcha que reflejan distintas formas de sostenibilidad, las negociaciones diplomáticas son cruciales. Al respecto, la Argentina está alineada con los países de la región para demostrar que la agricultura, en un sentido amplio, es parte de la solución a los problemas que plantea el cambio climático y no una enemiga, como se la quiere presentar.
“Los sistemas agroalimentarios son perfectibles, pero nunca son sistemas fallidos”, dice Manuel Otero, director del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA) que tendrá una fuerte presencia en Egipto para levantar la voz de los países del hemisferio frente a los intentos por frenar a la producción agropecuaria. Será este funcionario argentino que encabeza un organismo internacional quien explique cómo funciona la siembra directa, los sistemas silvopastoriles en las zonas subtropicales, la intensificación sustentable en arroz en los países andinos y centroamericanos y el trabajo que se realiza para la reducción de desperdicios en los alimentos. “Los productores están en el centro de todas las negociaciones, porque ellos son los que le dan vida, sentido y una noción de futuro a nuestras zonas rurales”, destaca Otero y pone énfasis en el papel de la ciencia y la innovación para mitigar y adaptarse al cambio climático.
En este contexto, fue destacable el documento que emitió el INTA esta semana sobre los fitosanitarios a los que consideró indispensables para mantener los actuales niveles de producción y en el que también realizó una serie de recomendaciones para evitar daños sobre la salud y el ambiente, así como con la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas y un modelo de “intensificación sustentable”.
Claro que la sostenibilidad no solo es social y ambiental, sino también económica. Es una dimensión que no tiene que olvidarse. (La Nación)
