Una fuerte polémica se suscitó en los últimos días en Corrientes, luego de que la Avícola Santa Ana denunciara errores de procedimiento por parte del Senasa, que había informado casos positivos de gripe aviar detectados en el establecimiento y que obligaban a sacrificar a unas 200.000 aves.
Sin embargo, desde un comienzo la empresa negó que fuera así, recurrió a la Justicia que frenó todos los procedimientos y finalmente logró un análisis que demostró la inexistencia de contagios de esta enfermedad.
La firma había denunciado que, si se mantenía el error de considerarla con casos de gripe aviar, significaría, además de matar 200.000 aves, la destrucción de más 15.000 docenas de huevos por día, el desecho de 20 toneladas de carne y, más grave aún, el cierre una empresa con 40 años de trayectoria y el desempleo de al menos 300 personas.
De todos modos, se quejó de que “las pérdidas de esta parálisis son incalculables”, y advirtió al respecto que “no podrán pagar los sueldos de abril y que aún no pueden determinar el costo económico del error cometido por Senasa”.
LA HISTORIA DEL CONFLICTO
Todo comenzó el pasado 4 de abril cuando, según la empresa correntina, un funcionario de Senasa se hizo presente y, sin ingresar a los galpones ni tener contacto con los animales, dejó un kit para tomar muestras en manos de una Veterinaria de Registro (profesional que tiene registro de Senasa, certificada en inocuidad de los productos, pero que no tiene capacitación en sanidad, ni mucho menos para tomar muestras).
“Esta persona supuso que el examen sería llevado a cabo por la Avícola, mientras que los dueños de la empresa confiaron en que lo realizaría la especialista. En este estado de confusión, las muestras no se realizaron y los kits regresaron a Senasa vacíos”, asegura Avícola Santa Ana.
Dos días después, el dueño de Santa Ana, Lisandro Enciso, recibió un llamado del organismo sanitario donde le comunicaban que los resultados habían sido negativos. Pero “misteriosamente”, el dato cambió a las pocas horas, cuando “esa misma noche se volvieron a comunicar para avisarle que 20 gallinas habían dado positivo”, continuó la compañía.
Así fue que el sábado 8 de abril, el Senasa intimó a la Avícola a sacrificar 200.000 aves ante esta supuesta detección de gripe aviar.
A LA JUSTICIA
Bajo la insistencia de que las muestras nunca fueron tomadas y ante tal grado de incertidumbre y preocupación, los empleados de la firma acamparon para evitar la matanza de las aves.
Y la Avícola Santa Ana se presentó ante la Justicia, denunciando que la medida de Senasa carecía de fundamento y que la misma traería como consecuencia irreversible “el cierre de la compañía y la pérdida de más de 300 puestos de trabajo”.
Así fue que el Juzgado Federal de Primera Instancia de Corrientes aprobó el recurso de amparo presentado por la avícola y dispuso un plazo de 24 horas para que Senasa presentara las pruebas que sustenten la medida de “rifle sanitario”.
“Si hubiese algún caso positivo, el nivel de mortandad de las aves sería alto; sin embargo, 10 días después del inicio del conflicto, la granja se encuentra con niveles de producción óptimos”, indicó Enciso.
LA DEFENSA DEL SENASA
Tras reconocer que no hay casos positivos de gripe aviar en esa granja, el Senasa defendió su accionar.
“El pasado 6 de abril el Laboratorio del Senasa – el único en el país autorizado para el diagnóstico de IA – detectó la presencia del virus en muestras tomadas a aves de la citada granja, por el veterinario responsable de la sanidad, según lo informado por la empresa, y enviadas cumpliendo con las garantías de custodia fijadas en el protocolo correspondiente y dispuso el sacrificio de las aves para evitar la diseminación de la enfermedad”, indicó el organismo.
También explicó que había llegado hasta la Avícola Santa Ana porque el predio se encuentra en la zona de control sanitario, por su cercanía a un brote de gripe aviar confirmado en la localidad de San Cosme. “Esta zona de control sanitario se considera de riesgo ya que los predios que tengan aves en esa zona presentan mayor probabilidad de contraer el virus”, agregó.
También recordó que “las medidas que realiza el Senasa ante la detección de un caso positivo de IAAP siguen los protocolos internacionales y tienen por objetivo contener la dispersión de la enfermedad para evitar un mal mayor como sería que el virus alcance al resto de la avicultura de Corrientes y otras provincias, como Entre Ríos, que es el principal productor avícola en nuestro país”.
Otro aspecto que remarcó Senasa es que el período de incubación de la IAAP puede ser de hasta 14 días, lo que significa que los síntomas clínicos o mortandades en una granja pueden demorar ese tiempo en aparecer.
Por eso, se dispone el despoblamiento de la granja donde se haya detectado el virus para evitar que circule y se disemine hacia otros lados a través del tránsito de personas o con aves, tanto domésticas como silvestres que tomen contacto.
En este caso particular de Corrientes, y ante la polémica generada, el Senasa finalmente decidió lo siguiente:
“Considerando que Argentina está atravesando una emergencia de influenza aviar altamente patógena (IAAP) desde su ingreso al país, la alta y rápida difusibilidad del virus, sumado a que la granja en cuestión está ubicada dentro del área de riesgo por la cercanía a un brote confirmado y ante la concurrencia de resultados divergentes sobre la presencia del virus de IAAP dentro de la misma, el Senasa considera pertinente mantener la interdicción por sospecha del establecimiento al menos hasta cumplidos 14 días desde la primera toma de muestras (4 de abril de 2023) y realizar una tercera toma de muestras para el desarrollo de técnicas tanto moleculares (RT- PCR) como serológicas, lo que fue comunicado a la autoridad judicial”.
(Fuente: Infocampo)
