Bajo el nombre de “Ley Nacional de Tratamiento y Uso Agronómico del Estiércol y los Purines de Tambo”, el objetivo del proyecto de Ley que ingresó oficialmente a la Cámara Baja apunta a “fomentar, incentivar, difundir e implementar sistemas de tratamiento y uso agronómico de estiércol y purines resultantes del proceso productivo de los establecimientos de leche de vaca (tambo) y/o masa para mozzarella”.
Iparraguirre apuntala su trabajo en la idea de que “está previsto que la producción lechera mundial crezca para 2050 un 53% respecto al año 2010”. “Esto implica más animales por hectárea, mayor uso del agua relacionada a la producción y mayor cantidad de residuos orgánicos e inorgánicos. La tendencia de los últimos años de la producción lechera en nuestro país se encamina hacia la concentración: hay menos tambos pero con más vacas en ordeñe”, indicó.
DIFERENTES ESCALAS
En este marco, el diputado propone tres escalas distintas para las unidades productivas:
- Hasta 100 (cien) vacas en ordeñe en la categoría 1,
- Entre 101 (ciento una) y 500 (quinientas) vacas en ordeñe en la categoría 2,
- Más de 500 (quinientas) vacas en ordeñe en la categoría 3.
Y en el artículo 21 de la Ley se estipula que “los sujetos cuya unidad productiva se encuentre comprendida en la categoría 1 no estarán alcanzados por las obligaciones establecidas en la presente ley, pero en caso de adherir voluntariamente, estarán obligados por las disposiciones que establece la presente ley para el resto de las categorías”.
Por eso, uno de los puntos fundamentales en la actividad sería que transcurridos 36 meses desde la publicación de la “Guía de Prácticas Sustentables” que propone la Ley, “no podrán existir tambos con más de 100 vacas en ordeñe que no cuenten con un sistema de tratamiento de estiércol y purines aprobados por la autoridad de aplicación”.
ESTIÉRCOL Y PURINES
El Proyecto cataloga al estiércol como “aquellos residuos sólidos con más de 10 por ciento de materia seca formado principalmente por las excretas de las vacas, restos de paja y barro”.
Y a los purines como “residuos líquidos con menos de 10 por ciento de materia sólida formados por las excretas de las vacas, el agua y restos de detergentes y alimentos”.
Por eso, una de las propuestas es que bajo el paraguas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca como autoridad de aplicación se cree “el Registro Nacional de Productores Sustentables en el ámbito del RENSPA (Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios)”.
Bajo esa modalidad es que además se busca diseñar e implementar el “Sello de Calidad Ambiental” y “elaborar el plan federal de capacitación en sistemas de tratamiento y uso agronómico”.
A modo de impulso se busca que los productores tamberos puedan tener beneficios en el pago del Impuesto a las Ganancias, en inversiones realizadas en bienes muebles e inmuebles que estén vinculados a la puesta en práctica de esta actividad.
“Instrúyase al Poder Ejecutivo Nacional a que en el plazo de treinta (días) corridos, implemente dicho Programa Conforme a las pautas establecidas en la presente Ley. Estos créditos se otorgarán para ser devueltos en un plazo máximo de treinta y seis (36) meses con seis (6) meses de gracia para el pago de capital e intereses”, sostiene el proyecto.
SANCIONES: EN LITRO DE GASOIL
Una de las particularidades del trabajo es que fija el precio de las multas a quienes incumplan con el régimen es que dispone de acuerdo a cada escala el pago de sanciones fijadas en el valor del litro de gasoil al momento de efectuada la misma.
“El problema del tratamiento y disposición final y/o uso agronómico de estos residuos ha sido abordado por diversas resoluciones provinciales que si bien sirven de valioso antecedente para este proyecto, han demostrado ser poco eficientes en sus objetivos”, plantea Iparraguirre.
Por eso la propuesta busca “unificar a nivel nacional las normas y criterios” en base a que “la tendencia de los últimos años de la producción lechera en nuestro país se encamina hacia la concentración: hay menos tambos pero con más vacas en ordeñe”. Y cierra: “para la obtención del sello las empresas lácteas deberán acreditar que el 75% de la leche que procesan proviene de unidades productivas incluidas en el Registro Nacional de Productores Lácteos Sustentables”.
(Fuente: Infocampo)
