Este lunes 30 de junio vence el esquema transitorio de reducción de derechos de exportación para los productos agroindustriales. La medida, que había generado un alivio fiscal momentáneo para el campo, concluye sin señales de renovación, generando preocupación e incertidumbre en toda la cadena agroexportadora. A pocos días del vencimiento, el mercado ya reacciona con una fuerte ola de declaraciones juradas de ventas al exterior, en especial en el complejo sojero.
Para entender el alcance de este cambio y sus consecuencias, hablamos con Mike Palou, economista especializado en mercados agropecuarios y políticas públicas.
«En términos técnicos, la soja grano pasa del 26% al 33% de retenciones. El aceite y la harina de soja vuelven del 24,5% al 31%. Maíz, trigo, cebada y sorgo regresan al 12%, desde el 9,5% actual, y el girasol al 7% desde el 5,5%», detalló Palou, marcando los porcentajes clave del retorno al esquema anterior.
Pero más allá de lo técnico, el economista advirtió sobre una serie de efectos secundarios: “Hay una ola de impactos que recién con el correr de los días se podrán dimensionar. Lo cierto es que hay zonas, sobre todo en el norte argentino, que sufrirán más, por los altos costos logísticos que enfrentan”.
Respecto a las razones detrás de esta medida, Palou explicó que “el gobierno nunca lo explicitó, pero la reducción transitoria de retenciones funcionó como un cebo fiscal para acelerar las liquidaciones. Con un tipo de cambio oficial apreciado y una cuenta corriente deficitaria, era una forma de sostener el ingreso de divisas”.
De hecho, según su análisis, “las liquidaciones del campo fueron clave para mantener estable el tipo de cambio y mejorar la recaudación por DEX. El esquema logró en parte sus objetivos: incrementó el volumen de exportaciones y ayudó a estabilizar el ancla nominal de la economía”.
La pregunta inevitable es por qué, si funcionó, no se mantuvo. “Esa es la gran incógnita. Si sabés que los márgenes del productor dependen más de su ubicación geográfica y los costos de transporte que del impuesto en sí, ¿por qué quitar el incentivo que había generado mayor ingreso fiscal?”, se preguntó Palou.
Desde las entidades del agro, como Apronor, se denunció el fin del esquema como “una muerte anunciada”. Según expresaron, la rentabilidad en muchas zonas del norte se vuelve inviable con la carga impositiva actual.
Palou coincidió con este diagnóstico: “El principal perjudicado es el campo argentino en su conjunto. Las retenciones afectan directamente al precio que recibe el productor, sin importar el tamaño del establecimiento o el tipo de operador. Es un golpe directo a los márgenes, y varía según el cultivo, la escala, pero sobre todo la ubicación”.
“El problema hoy no es solo el costo, sino el ingreso: el precio de venta está afectado por las DEX, lo que implica menor margen, menor innovación, menor reinversión”, explicó. Y fue contundente: “Bajar impuestos no necesariamente implica bajar la recaudación. En este caso, fue al revés: la recaudación aumentó un 31,5% interanual”.
Sobre el impacto en las decisiones productivas, Palou advirtió que la baja transitoria “fue un incentivo de corto plazo, pero no modifica decisiones estructurales. El productor no cambia su rotación ni su tecnología por un beneficio que se sabe que no durará”.
Los datos del mercado parecen confirmarlo: “Las DJVE reflejan un comportamiento anticipatorio típico, de productores y exportadores que adelantan operaciones ante un cambio fiscal. El mercado está leyendo correctamente el final del esquema transitorio”.
La discusión sobre el futuro de las retenciones sigue abierta. Algunas voces piden eliminarlas por completo. ¿Es posible? “Desde la mirada del productor o exportador, claro que pueden ser cero. Pero desde lo fiscal, hay que ver cómo y cuándo. Aun así, me parece que ese debe ser el objetivo final”, opinó Palou.
Y añadió: “Las DEX representan apenas entre el 3 y 4% del superávit fiscal. El ajuste del gobierno fue de un punto y medio del PBI. Si ya estás haciendo un esfuerzo fuerte, quizá sea momento de usar parte de ese ahorro para recomponer caminos, rutas, infraestructura, lo que impacta directamente en la productividad”.
En definitiva, el economista considera que “el Estado debe aspirar a devolverle al productor la libertad de mejorar su productividad, lo que a la larga se traduce en más recaudación y desarrollo. El experimento transitorio lo demostró: menos presión tributaria puede ser más beneficiosa, incluso para el fisco”.
La mirada ahora se centra en lo que pasará con la liquidación de divisas en el segundo semestre. La incógnita sobre el rumbo del gobierno nacional en esta materia queda abierta. El campo, mientras tanto, toma nota y sigue esperando señales claras.
