El debate por una nueva Ley de Semillas volvió a instalarse con fuerza en la agenda agropecuaria argentina, reabriendo una discusión que atraviesa al sector desde hace años y que hoy suma nuevos matices en un contexto de cambios económicos y políticos. Mientras algunos actores promueven una actualización normativa que incentive la inversión en genética y la innovación, otros advierten sobre el impacto que podría tener en los costos productivos y en la autonomía de los productores.
En el norte argentino, esta discusión adquiere particular relevancia y complejidad. Las diferencias de escala productiva, las condiciones económicas y la estructura de costos hacen que las posiciones no sean homogéneas. En ese escenario, Hugo Meloni, presidente de Apronor, aportó su mirada con un fuerte énfasis en la necesidad de equilibrio y en la defensa de la rentabilidad del productor.
“Creo que sobre el tema de semillas hay muchas versiones que no son del todo correctas. Por eso nosotros salimos a fijar posición, porque sentimos que el gobierno no está informando como corresponde”, sostuvo Meloni, quien dejó en claro que el debate no es nuevo, pero sí atraviesa un momento decisivo.
Desde su perspectiva, la discusión no debe plantearse en términos de estar a favor o en contra de la innovación. “El productor está a favor de las mejoras genéticas, eso no está en discusión. Lo que cuestionamos es que se diga que con una nueva ley automáticamente el campo va a producir el doble. Eso no es así”, afirmó.
Para respaldar su postura, el dirigente citó el caso de Brasil como ejemplo. “Brasil duplicó su producción en diez años con una ley anterior a la que se quiere implementar acá. Entonces no es una condición indispensable cambiar la ley para crecer”, explicó.
En términos conceptuales, Meloni remarcó que la Ley de Semillas tiene como objetivo principal proteger los derechos de quienes invierten en investigación y desarrollo. Sin embargo, advirtió que el punto de conflicto radica en cómo esa protección impacta sobre los productores. “Se está filtrando en el medio la limitación del uso propio de semillas, que es una práctica histórica en cultivos como la soja y el trigo”, indicó.
Ese uso propio implica que el productor guarde parte de su cosecha para volver a sembrarla en la siguiente campaña, reduciendo así los costos. “Hoy un productor invierte alrededor de 20 dólares por hectárea en soja con semilla propia. Si tuviera que comprar semillas bajo el nuevo esquema, ese costo se duplicaría o más”, detalló.
La comparación con el maíz también resulta ilustrativa. “En el maíz, por una cuestión de rendimiento, el productor está obligado a comprar semillas todos los años, con un costo que ronda los 140 o 150 dólares por hectárea. Es un modelo completamente distinto”, explicó.
En ese sentido, Meloni advirtió que avanzar hacia un esquema similar en otros cultivos podría tener consecuencias importantes en la estructura productiva. “Si se limita el uso propio, muchos productores van a tener que afrontar costos que hoy no tienen, y eso impacta directamente en la rentabilidad”, sostuvo.
Otro de los puntos que genera preocupación es la posible implementación de estándares internacionales más estrictos, como los establecidos en el convenio UPOV 91. “Eso implica mayores restricciones para el productor y una mayor presión para comprar semillas todos los años”, señaló.
Además, el dirigente puso el foco en el contexto global en el que se da este debate. “Hay una presión importante desde Estados Unidos para que se apruebe esta ley, porque muchas de las empresas que desarrollan estos eventos genéticos son de origen norteamericano”, afirmó.
Sin embargo, Meloni fue claro al señalar que el problema de fondo no es solo la ley en sí, sino el contexto económico en el que se inserta. “Nosotros decimos: sí queremos tecnología, pero primero necesitamos condiciones para poder invertir. Desde el 2000, el agro perdió cerca de 200.000 millones de dólares por retenciones”, remarcó.
Esa situación, según explicó, limita la capacidad del productor para incorporar mejoras tecnológicas y sostener la productividad. “No solo no se puede fertilizar como corresponde, sino que además la infraestructura está muy deteriorada. Los caminos rurales están en muy mal estado”, agregó.
A esto se suma el peso de otros costos estructurales, como el transporte. “En la soja, uno de cada cuatro camiones es para pagar el flete a Rosario. Es un costo altísimo que también hay que tener en cuenta en cualquier discusión”, afirmó.
En cuanto al rol del Estado, Meloni consideró que es fundamental que la política actúe con una visión integral. “La dirigencia política tiene que tener claridad y no dejarse llevar por presiones. Hay que hacer una ley que le permita al productor ser rentable y al mismo tiempo que las empresas puedan seguir invirtiendo en genética”, planteó.
Finalmente, el presidente de Apronor subrayó la importancia de que la sociedad en general comprenda la realidad del campo. “Es clave que la gente sepa lo que pasa. El campo fue muy demonizado, pero es el principal sostén del país. Hay muchas actividades que dependen de la agricultura”, afirmó.
En ese sentido, destacó el nivel de riesgo que implica la actividad. “La agricultura es una industria de alto riesgo. Vos sembrás y no sabés si vas a cosechar por el clima o las plagas. Por eso, cuando te va bien, necesitás una buena rentabilidad para compensar los años malos”, explicó.
Así, en medio de posiciones encontradas, el debate por la Ley de Semillas expone una tensión de fondo: cómo construir un marco normativo que fomente la innovación sin desatender la realidad económica de los productores. Una discusión que, lejos de resolverse en términos simples, seguirá marcando el rumbo del agro argentino en los próximos años.
