El proceso de desregulación que impulsa el Gobierno nacional en el sector agropecuario volvió a poner en el centro de la escena un tema tan sensible como estratégico: la sanidad animal. En particular, las modificaciones vinculadas a la vacunación contra la aftosa y el rol de los entes sanitarios generaron una fuerte discusión entre productores, técnicos y dirigentes rurales, que advierten sobre posibles consecuencias en un sistema que fue construido durante décadas.
En este contexto, Santiago Di Tella, productor y ex presidente de la Sociedad Rural Salteña Zona Sur, aportó una mirada crítica pero también propositiva sobre los cambios en marcha. “Las reformas siempre son necesarias. Adecuar las políticas públicas a las necesidades de la población es parte de la gestión. Pero también es clave dar previsibilidad, porque eso genera sustentabilidad y permite planificar”, sostuvo.
Sin embargo, el dirigente advirtió que el problema no es la reforma en sí, sino la forma en que se implementa. “Venimos de muchos años de parches e improvisaciones, y eso explica varios de los problemas que tuvo el país en materia sanitaria”, señaló.
Para Di Tella, la sanidad animal no es un aspecto más dentro del esquema productivo, sino un pilar central. “El tema de la aftosa es clave para la inocuidad alimentaria y para la exportación. Por eso es fundamental tener un organismo como el SENASA con presupuesto y respaldo técnico suficiente para discutir políticas sanitarias con seriedad”, explicó.
El productor recordó además un antecedente que marcó al sector: la decisión de levantar la vacunación contra la aftosa a fines de los años noventa. “Se hizo de manera irresponsable, con poco análisis y empujado por una coyuntura política. Eso derivó en el brote de 2001, con más de mil focos, que incluso fueron ocultados”, afirmó.
A partir de esa crisis, se consolidó un sistema sanitario basado en la articulación público-privada, con la creación de entes y fundaciones que organizaron las campañas de vacunación en todo el país. “Se hizo un esfuerzo enorme y se desarrolló un modelo que es un ejemplo. Desde lo privado, sin costo para el Estado, hacemos el equivalente a dos campañas de COVID por año desde hace más de 20 años”, graficó.
Ese esquema, según explicó, también permitió equilibrar costos entre productores. “Los grandes ayudan a financiar la vacunación de los pequeños, y además los entes cumplen funciones clave, como la emisión de documentos cuando no hay oficinas del SENASA”, detalló.
Uno de los puntos más controversiales en el actual proceso de desregulación es la posibilidad de que los productores elijan veterinarios privados para aplicar la vacuna contra la aftosa. Para Di Tella, esta medida puede tener efectos colaterales importantes. “Un ente sanitario tiene la obligación de cubrir una zona y lo hace con mecanismos compensatorios. Si de un día para el otro eso desaparece, el sistema se desfinancia”, advirtió.
En ese sentido, alertó que los principales perjudicados serían los pequeños productores. “Claramente se les van a aumentar los costos. Un veterinario privado no va a tener el mismo esquema solidario que tenía el sistema anterior”, explicó.
A esta situación se suma la implementación obligatoria de la caravana electrónica para el ganado, una medida que apunta a mejorar la trazabilidad, pero que genera dudas en su aplicación. “El productor grande puede adaptarse, pero el chico va a tener más dificultades. Va a tener que hacer trámites adicionales y asumir costos que no necesariamente se traducen en beneficios inmediatos”, indicó.
Si bien Di Tella reconoció que la trazabilidad es un objetivo válido, cuestionó la obligatoriedad de la medida. “Nosotros planteamos que debería ser optativa. Hoy no hay ninguna exigencia internacional que obligue a esto y el país estaba exportando sin ese sistema. Entonces, hay que preguntarse cuál es la razón de imponerlo de esta manera”, planteó.
Otro de los ejes de su análisis se centró en el mercado de vacunas contra la aftosa, donde denunció situaciones de concentración. “Durante años vimos cómo los precios en Argentina se distanciaban de los del Mercosur, llegando incluso a duplicarse”, afirmó.
También recordó que realizaron una presentación ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por abuso de posición dominante. “El dictamen identificó barreras regulatorias y un mercado altamente concentrado. Cuando empezó la discusión, los precios bajaron, lo que demuestra que había un manejo”, aseguró.
Para el productor, la apertura a la importación de vacunas fue un paso necesario, aunque tardío. Más allá de las medidas puntuales, Di Tella insistió en la necesidad de abordar la discusión sanitaria desde un enfoque técnico y estratégico. “Hay que adecuar los planes a la epidemiología y a la inmunidad del rodeo. Esa discusión no se dio”, cuestionó.
También advirtió sobre los riesgos de debilitar el sistema en un contexto sanitario global complejo. “Si se desfinancia el sistema nacional, tenemos un problema. Ya estamos viendo el ingreso de nuevas enfermedades, lo que muestra lo expuestos que estamos”, dijo.
Sobre el final, el dirigente amplió el análisis hacia los desafíos estructurales del agro argentino. “Lo que necesitamos es previsibilidad. Hoy hay limitaciones muy fuertes, como los derechos de exportación, que frenan la incorporación de tecnología y la competitividad”, sostuvo.
En ese sentido, concluyó con un llamado a generar consensos de largo plazo. “Tiene que haber políticas de Estado. Sin reglas claras y sostenidas en el tiempo, es muy difícil construir un modelo productivo sólido sin poner en riesgo lo que ya se logró”, cerró.
