El avance en Diputados del proyecto que busca incorporar y endurecer las penas por delitos cometidos en establecimientos agropecuarios volvió a poner en el centro de la agenda una problemática que el campo tucumano viene planteando desde hace tiempo: la inseguridad rural. La iniciativa obtuvo el 6 de octubre dictamen de mayoría en las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería y quedó en condiciones de ser tratada en el recinto.
Entre otros puntos, el proyecto contempla penas para quienes ingresen sin autorización a establecimientos rurales y sanciones de entre 2 y 8 años de prisión para determinados daños que afecten directamente a la producción o a la infraestructura agropecuaria. Para la Sociedad Rural de Tucumán, el avance representa un paso importante, aunque todavía resta un camino por recorrer.
“Celebramos, por supuesto, este avance que se está teniendo, que si bien es un paso muy importante, todavía tenemos que seguir empujando la situación para que esto termine convirtiéndose en algo permanente”, sostuvo José Frías Silva, presidente de la Sociedad Rural de Tucumán.
El dirigente remarcó que los delitos cometidos en el ámbito rural no deberían ser considerados hechos menores. “El campo necesita, nos merecemos que esto avance porque no puede ser algo tan liviano poder saquear un silobolsa o robar un animal”, afirmó. En ese sentido, planteó que existe una distancia entre la realidad de quienes viven y trabajan en el interior y las respuestas que reciben del sistema de justicia.
Uno de los puntos centrales para Frías Silva es la prevención. Las grandes extensiones rurales representan una dificultad adicional para las fuerzas de seguridad, que necesitan herramientas y recursos para poder actuar antes de que los delitos ocurran. Entre las alternativas planteadas aparece la posibilidad de utilizar vehículos recuperados de delitos para fortalecer el trabajo policial.
“Venimos pidiendo al Ministerio Público Fiscal de hace muchísimos años que si le pueden asignar vehículos recuperados de los delitos, asignarle a la policía que estamos necesitando”, explicó. Según el dirigente, sería una solución rápida para mejorar la presencia preventiva en zonas rurales. Incluso mencionó la situación de vehículos policiales que permanecen inutilizados en distintos puntos de la provincia.
En cuanto al endurecimiento de las penas, Frías Silva consideró que puede tener un efecto concreto cuando está acompañado por una aplicación efectiva de la Justicia. Como ejemplo, relató una experiencia que conocieron integrantes de su grupo CREA durante un viaje a Paraguay, donde, según contó, el cambio en la tipificación del abigeato permitió reducir significativamente este delito.
“Lograron solucionar, te diría que en un 90% prácticamente, el abigeato en los campos gracias al cambio de la tipificación del delito”, señaló. Para el dirigente, pasar de delitos con posibilidades de excarcelación a condenas efectivas modificó el escenario y constituye un camino que podría ser tenido en cuenta en Argentina.
En Tucumán, la problemática no se limita al robo de ganado. Frías Silva mencionó los daños a silobolsas, el abigeato y el robo de productos fitosanitarios como algunos de los delitos que afectan al sector. En el caso de los silobolsas, remarcó que muchas veces no existe un beneficio económico directo para quien provoca el daño, sino una acción que genera pérdidas al productor.
“Es un daño muy, muy importante”, sostuvo sobre la apertura de las bolsas que contienen granos, al señalar que la mercadería puede volver a embolsarse, pero con costos y pérdidas que terminan impactando sobre la producción.
Otro problema señalado es el de los límites jurisdiccionales. Según explicó, cuando un producto robado o animales sustraídos atraviesan las fronteras provinciales, la posibilidad de actuar se vuelve más compleja. “No puede ser que si te robaron en Tucumán y cruzaron el límite de Santiago del Estero ya no tenemos para actuar y lo tenemos al frente y sabemos quiénes son”, planteó.
A esto se suma, según Frías Silva, una dificultad que considera todavía más profunda: la falta de confianza de los productores en el sistema de denuncias. El dirigente sostuvo que muchas personas no denuncian necesariamente por temor a represalias, sino porque consideran que hacerlo no tendrá consecuencias.
“Hay una incredulidad en el sistema que es muy grande que tenemos que revertirlo”, afirmó. En ese sentido, cuestionó que la cantidad de denuncias pueda utilizarse como único indicador para determinar si los delitos disminuyeron. “¿Bajaron los delitos o no tenemos denuncias? ¿Cuál es el sistema de medición?”, preguntó.
Para el dirigente rural, también es necesario atacar los circuitos que permiten que los productos robados encuentren compradores. En el caso de los fitosanitarios, señaló que debe existir un control sobre quienes comercializan y adquieren mercadería de origen dudoso. Lo mismo planteó para el abigeato y las carnicerías que funcionan fuera de las condiciones de habilitación correspondientes.
“Tenemos que atacar también los lugares donde se comercializan”, sostuvo, y planteó la necesidad de intensificar los controles y revisar las herramientas disponibles para organismos como el SENASA.
De cara al tratamiento legislativo, el mensaje de la Sociedad Rural de Tucumán apunta a que la problemática sea considerada una prioridad. El proyecto deberá pasar por el recinto de Diputados y, si obtiene la aprobación correspondiente, continuará su tratamiento en el Senado.
“Que tomemos conciencia de este tema, que sigamos empujándolo, que veamos la relevancia que tiene para nuestra provincia y que por favor sea un tema prioritario”, pidió Frías Silva.
La preocupación, además, excede los establecimientos productivos. Para el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, uno de los desafíos es dejar de naturalizar pequeños robos o daños en el ámbito rural. “¿Cómo puede ser que quién no fue a robar algún choclo alguna vez a alguna chacra?”, relató sobre una expresión que escuchó y que, según consideró, refleja una conducta que no debería ser aceptada socialmente.
“Es una barbaridad. Pedimos a nuestros legisladores que por favor tomen conciencia de este tema con la importancia que lleva adelante esto, que se lo tome con la seriedad que corresponde”, concluyó José Frías Silva.
