Los factores de la actividad apoyaron ayer las decisiones oficiales para frenar la ordenanza que limita e consumo del endulzante natural. La Legislatura convocó a sesión especial para mañana, con el fin de repudiar la medida. El gobernador espera un encuentro con el intendente de la ciudad mediterránea.
El conflicto entre el Gobierno tucumano y la municipalidad capitalina de Córdoba tiene varios frentes de batalla.
El diplomático, en el cual el gobernador Juan Manzur intentará convencer al intendente Ramón Mestre de la inconveniencia de la promulgación de la ordenanza que limita el uso del azúcar en los establecimientos gastronómicos de la ciudad mediterránea.
El legal, que se abrirá si es que el jefe municipal decide avanzar con la ordenanza. En ese sentido, el gobernador firmó el decreto que declara “prioritaria, en virtud del interés público comprometido, la defensa y promoción de la actividad azucarera” que, además, instruye a la Fiscalía de Estado a iniciar “las acciones que puedan resultar pertinentes para la protección y defensa de los intereses provinciales” referidos a la cuestión azucarera.
Paralelamente, hay otros dos hechos no menores en esta “guerra del azúcar”: la convocatoria que el Poder Ejecutivo hizo ayer en un colmado Salón Blanco de la Casa de Gobierno, a la que asistieron funcionarios, legisladores, industriales, cañeros y obreros del surco. Al mismo tiempo, el vicegobernador Osvaldo Jaldo citó para mañana, a primera hora, a sesión especial de la Legislatura, con el fin de que el cuerpo parlamentario manifieste “su enérgico repudio a la ordenanza cordobesa que restringe el uso del azúcar en todos los lugares que se expendan bebidas susceptibles de endulzar”.
“Queremos resolver el problema. Pedimos a Mestre rever la decisión; todos podemos tener situaciones en las que no vimos toda la información como corresponde”, indicó Manzur en su mensaje en el Salón Blanco, en el que también alertó que “se podría generar un efecto contagio -de la restricción cordobesa- en otras provincias”.
Según el mandatario, la ordenanza cordobesa “daña y perjudica a nuestras economías regionales”. “Hoy más de 50.000 familias y 7.000 productores viven de la caña de azúcar. Nos vamos a poner al frente de esta situación, porque no vamos a permitir que dañen a la principal actividad de la provincia”, advirtió.
En tanto, Jaldo manifestó que la decisión del cuerpo deliberativo cordobés no sólo atañe a la producción azucarera. “Nos tocan a todos los tucumanos. Esto puede ser el comienzo, pero no sabemos de qué”, indicó respecto de las derivaciones de la decisión mediterránea que puede ser replicada en otros distritos, como por ejemplo, Rosario (Santa Fe) y Neuquén, cuyas autoridades ya están analizando la posibilidad de imitar la medida bajo el mismo argumento, restringir la ingesta del endulzante en bares.
“Tenemos que tratar que esta medida no prospere y no produzca un efecto cascada. El gobernador tomó decisiones concretas para que se implementen los mecanismos legales necesarios para que se pueda dar marcha atrás en una medida de estas características”, remarcó el presidente de la Cámara, que recordó que en el cuerpo hay varios proyectos de resolución tendientes a repudiar la decisión cordobesa.
En el mismo acto de ayer, el ministro de Desarrollo Productivo, Juan Luis Fernández, sostuvo que “esta ordenanza está mas cerca de ser un lobby para un producto sintético importado que, al igual que el azúcar, tiene una dosis máxima diaria recomendada”.
La provincia cuenta con más de 7.000 productores cañeros que, durante la última campaña, cultivaron más de 300.000 hectáreas de caña de azúcar, En Tucumán funcionan 15 ingenios que procesaron cerca del 60% del azúcar que se consume en la Argentina. En el Poder Ejecutivo esperan la convocatoria del intendente de la capital cordobesa para hablar sobre el tema. Aún no registraron pronunciamientos de otras dos provincias productoras del NOA: Jujuy y Salta.
FUENTE: La Gaceta
