La campaña agrícola 2022/23 está transcurriendo bajo un escenario climático muy adverso, que podría tener impactos significativos sobre la producción y las empresas agropecuarias en las distintas provincias del país, como consecuencia de la sequía extendida y la tercera fase de La Niña confirmada para la campaña de verano.
Por ello, desde el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) advirtieron y expresaron su preocupación por las consecuencias económicas y sociales que podría generar este fenómeno en el país, así como el saldo negativo que estos fenómenos pueden provocar en el normal funcionamiento de las cadenas de valor agropecuarias, agroindustriales y principalmente de las economías regionales.
De acuerdo a los datos que cita el Consejo, y citando los informes de diferentes Bolsas del país, ya hay pérdidas y recortes de superficie de trigo. Los primeros rindes estimados en trigo apenas alcanzan el 50% de lo esperado en gran parte de la región. Sobre el norte del área agrícola, se prevén pérdidas en los potenciales de rendimiento e incluso de área cosechable.
Asimismo, alertan que la campaña gruesa empezó con el escenario de mayor sequía de los últimos 27 años, como consecuencia de atravesar el invierno más seco desde 1995 y el efecto arrastre de la falta de lluvias en otoño y verano.
MÁS PREOCUPACIÓN
Desde el Consejo también advierten el incierto momento que padecen las economías regionales, siendo las más afectadas las provincias del NEA, donde las producciones yerbateras, cítricas y forestales aún se están recuperando de los incendios y la sequía extrema que fue noticia a principios de año.
En el centro del país, la producción de legumbres, la floración para la producción de miel, y la disponibilidad de pasto para algunas cuencas lecheras ha sido un punto crítico. En la zona cordillerana, la disponibilidad de agua para riego también sigue siendo escasa.
MEDIDAS A TIEMPO
De no registrarse lluvias en el corto plazo, sostienen desde el Consejo en un mensaje a las autoridades, las pérdidas en la producción afectarán seriamente a las empresas agroindustriales y se reflejarán en menores exportaciones e ingreso de divisas, aporte a la recaudación fiscal, caída del empleo en las distintas regiones del país, y menor crecimiento económico.
Estas situaciones, agregan, ponen de relevancia la necesidad de desarrollar una política integral para la gestión de los riesgos los que se enfrentan estas producciones, con una Ley de Seguro Agrícola y la actualización de la Ley de Emergencia Agropecuaria entre sus prioridades.
Cabe señalar que hace 9 meses el CAA presentó al Poder Ejecutivo un anteproyecto de Ley de Seguro Agrícola, pero no tuvo eco hasta el momento. (Infocampo)
