La discusión sobre cómo se va a seguir comercializando la carne mayorista en Argentina ya va por su segunda temporada y, lejos de llegar a un final, permanece bajo permanentes idas y vueltas, como si hubiera sido guionado para alguna plataforma de streaming.
Y esta dilación genera impaciencia y malestar en la mayoría de los actores que forman parte de la cadena, fundamentalmente de los frigoríficos y matarifes que abastecen al mercado interno, y de las provincias que presionaron para introducir cambios en la normativa.
Del mismo modo, desde una de las cámaras empresarias que agrupan a los frigoríficos señalaron a este medio los problemas que temen enfrentar por estar trabajando sin reglas claras y bajo este limbo jurídico en el que la normativa vigente impone que toda la carne debería estar siendo vendida en trozos de no más de 32 kilos, pero sigue utilizándose la media res y en muchos establecimientos los medios mecánicos de descarga que en la formalidad no tienen aval oficial.
“Pareciera que, como el Gobierno sufrió una derrota política con esto, decidieron dejarlo de lado. Es una desidia que complica todo. Hay empresas dispuestas a invertir para avanzar con el troceo, pero ni siquiera saben los nuevos plazos, nada. Y el otro tema es que supuestamente el principal argumento de todo esto era proteger la salud de los trabajadores, y ahora de repente eso no le importa a nadie”, se enojó un industrial.
EL TROCEO: TEMPORADA 1
La primera temporada de este culebrón comenzó en enero del 2022, cuando el por ese entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca decidió avanzar con una transformación histórica en la comercialización de carne mayorista en Argentina: abandonar la media res y obligar a todos los faenadores a que como máximo podrían salir de las plantas trozos de 32 kilos.
¿La justificación? Además de que el sistema de media res es obsoleto y no se utiliza prácticamente en ningún lugar del mundo, hubo una resolución del Ministerio de Trabajo que obligó a este cambio, aduciendo –con razonabilidad– que un trabajador no puede estar cargando sobre sus hombros medias reses que superan los 80 kilos.
En principio, el Gobierno estableció un plazo de 180 días para que el cambio se cristalizara, y en el medio ofrendó promesas de dar créditos a través del Plan GanAr que impulsaba el en ese entonces ministro de Agricultura, Julián Domínguez.
Pero esos préstamos solo quedaron en los papeles, y pasó todo el primer semestre sin grandes novedades: por ello, la Nación decidió prorrogar la vigencia para el troceo hasta el 1° de noviembre.
En ese momento, se intensificaron las disputas entre los protagonistas de la novela: los frigoríficos exportadores son los que defienden esta medida, argumentando razones de sanidad y de modernidad.
Del otro lado, los matarifes y los frigoríficos que abastecen al mercado interno consideran que es inaplicable tal como se pensó, lo cual encontró el aval de las provincias que jugaron en contra del troceo tal como está planteado.
En el medio, subyace una vieja falencia del mercado cárnico argentino: no hay un status sanitario federal, por lo que existen frigoríficos de alcance solo municipal o provincial, y en los que la jurisdicción para establecer el sistema de comercialización no es nacional.
El resultado fue que, pese a las advertencias del Gobierno de que sí o sí se iba a poner en marcha, el 1° de noviembre la presión de las provincias obligó a volver a prorrogar la vigencia del troceo hasta el 16 de enero.
Ese fue el capítulo final de la primera temporada, y el inicial de la segunda fue directamente un papelón: el Gobierno les dijo a las provincias que iba a derogar la normativa que imponía el troceo hasta sancionar una nueva, pero finalmente decidió mantenerla vigente y trabajar en otra resolución.
El contenido de esta última es lo que se acordó el 16 de enero con las provincias y que todos esperan que se haga oficial. (Infocampo)
