La inseguridad rural en el norte argentino se ha convertido en una preocupación creciente para los productores, quienes ven cómo los robos y los actos de vandalismo afectan sus fincas de manera directa. En Tucumán, la situación es crítica, con agricultores enfrentando pérdidas económicas debido al hurto de productos fitosanitarios, herramientas, maquinarias y hasta ganado. José Leal, productor local y testigo de esta realidad,, en diálogo con SUENA A CAMPO, describió el panorama actual y las medidas que los productores han adoptado para hacer frente a esta amenaza, al tiempo que reclama una mayor respuesta por parte del Estado.
Leal explica que la problemática ha ido en aumento en los últimos años, pero lo más preocupante es la «profesionalización» de los delincuentes. Según su experiencia, en otros tiempos los robos rurales eran más rudimentarios, como el abigeato, donde un ladrón entraba a caballo, enlazaba un animal y se lo llevaba. «Hoy en día, la situación es diferente: entran con motocicletas, le disparan al animal, lo carnean en minutos y se llevan los mejores cortes«, describe. La violencia y la organización con la que operan estos grupos delictivos han escalado a tal punto que ya han ocurrido hechos trágicos, como el asesinato de Peto Porcell en la zona de Burruyacu, un hecho que impactó profundamente a la comunidad rural.
Uno de los mayores desafíos que enfrentan los productores es la falta de coordinación entre las diferentes jurisdicciones. «En una provincia pequeña como Tucumán, donde las distancias con provincias vecinas son cortas, un delito puede comenzar en nuestra provincia y terminar en Santiago del Estero o Salta», explica Leal. Este factor complica las investigaciones y la persecución del delito, dado que las fuerzas de seguridad y la justicia de cada provincia no siempre trabajan de manera articulada. «Tenemos productores que tienen fincas que cruzan los límites provinciales, lo que hace más difícil cualquier acción efectiva cuando ocurre un robo«, añade.
A pesar de las dificultades, los productores no se han quedado de brazos cruzados. Según Leal, se han implementado medidas preventivas como la instalación de cámaras de vigilancia y la contratación de seguridad privada en algunas zonas. No obstante, reconoce que estas acciones no son una solución definitiva. «Contratar seguridad privada es costoso y, además, no es lógico que los productores debamos asumir esta responsabilidad. La seguridad es una función que debería garantizar el Estado«, remarca.
Para Leal, la clave está en la solidaridad entre los productores. «La mejor prevención es estar unidos. Si yo veo una camioneta o gente sospechosa en mi zona, lo primero que hago es avisar a mis vecinos«, señala. Este sentido de colaboración, según él, es fundamental para frenar los delitos en las zonas rurales. Además, insiste en la importancia de realizar las denuncias, aunque muchos productores se desmoralicen por la burocracia y la falta de resultados. «Es cierto que hacer una denuncia puede ser agotador, pero si no lo hacemos, las autoridades no verán la magnitud del problema«, advierte.
A pesar de los esfuerzos, la respuesta de las autoridades aún es insuficiente. Leal reconoce que ha habido avances en el ámbito policial, con la implementación de denuncias digitales y la disposición de vehículos recuperados del delito para su uso en tareas de vigilancia. Sin embargo, subraya que el delito «siempre va dos pasos adelante«. A nivel judicial, la situación es aún más preocupante, ya que los productores no han logrado ser recibidos por la Corte Suprema de Justicia de la provincia, lo que genera una sensación de desamparo.
Una de las propuestas más discutidas entre los productores es la necesidad de una mayor coordinación entre las fuerzas de seguridad de las provincias vecinas. «En Tucumán estamos a pocos kilómetros de Santiago del Estero o Salta, y un toro robado en Tucumán puede desaparecer rápidamente si las fuerzas de seguridad no actúan de manera conjunta», explica Leal. Esta falta de colaboración interprovincial, según él, es uno de los factores que agravan la inseguridad en la región.
El productor también destaca el rol que juegan las organizaciones gremiales y productivas en la lucha contra la inseguridad. Si bien han sido recibidos por representantes del poder ejecutivo y legislativo, Leal considera que falta una mayor articulación con el poder judicial, que tiene un rol fundamental en la persecución de los delitos. «Es necesario que las autoridades no solo escuchen nuestras quejas, sino que también se comprometan a buscar soluciones. No basta con quejarnos; debemos proponer ideas que puedan mejorar la situación«, insiste.
Por otro lado, Leal lamenta que, en algunos casos, los mismos productores contribuyan a perpetuar el problema al comprar productos robados, como ocurre con herramientas o piezas de maquinaria sustraídas. «Si nadie comprara lo robado, otra sería la historia«, reflexiona, resaltando nuevamente la importancia de la solidaridad y la ética entre los propios trabajadores del campo.
En cuanto a los pasos a seguir, Leal es claro: «Esto es una lucha constante, como un perro en la puerta de la cocina«. Para él, la solución pasa por una mayor organización de los productores, el fortalecimiento de los mecanismos de prevención y la exigencia a las autoridades de una respuesta más firme y coordinada. Mientras tanto, la solidaridad entre los productores sigue siendo la primera línea de defensa ante una realidad cada vez más compleja y difícil de sobrellevar.
(Fuente: Suena a Campo)
