El Gobierno argentino, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, elevaron en las últimas horas, de manera formal, un reclamo ante la Unión Europea (UE) vinculado al reglamento “libre de deforestación” que busca aplicar el viejo continente para los productos exportados hacia allí.
Se trata de una normativa que impone que los envíos a Europa, para el caso de Argentina, de soja, carne y productos forestales, deben partir de campos que no hayan sido deforestados desde 2020 en adelante.
Sin embargo, en los últimos días revivió la polémica, cuando Europa dio a conocer una suerte de ranking de sus proveedores, en función de su riesgo de deforestación, y ubicó a Argentina en un rango medio, despertando el enojo de las cadenas agroexportadoras que entienden que nuestro país cumple con todos los indicadores para ser calificado de riesgo bajo.
DEFORESTACIÓN: UN RECLAMO FORMAL A EUROPA
En este marco fue que el Gobierno ahora comunicó formalmente su rechazo de la calificación a la Comisario de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva de la UE, y le solicitó que la Comisión Europea reconsidere la calificación de la Argentina previo al 31 de diciembre de 2025, fecha de implementación del Reglamento, asignándole “riesgo bajo” de deforestación. “Asimismo, se solicitó la apertura de un diálogo bilateral para abordar aspectos prácticos de su aplicación”, indicó Agricultura en un comunicado.
La cartera agropecuaria explicó que el gobierno argentino manifiesta su rechazo a esta decisión injustificada porque considera que, de acuerdo con los tres criterios principales establecidos en el Artículo 29 del mencionado Reglamento, la Argentina debe ser considerada un país de “riesgo bajo”.
Además, reiteró que, desde el inicio del proceso regulatorio, “ha manifestado de manera clara sus objeciones de fondo al enfoque unilateral de esta normativa, la cual representa una barrera injustificada al comercio internacional y es incompatible con los compromisos asumidos por la Unión Europea en el marco de la Organización Mundial del Comercio”.
No obstante, con un enfoque pragmático, y con el fin de evitar disrupciones a sus exportaciones a la UE, tanto el gobierno argentino como el sector privado afectado por dicha norma, han venido trabajando en forma conjunta y constructiva con la Comisión Europea, las autoridades nacionales de Estados Miembros de la Unión Europea y con operadores comerciales europeos para que éstos puedan satisfacer las exigencias del Reglamento.
Esto fue a través de la plataforma VISEC, que incluso fue presentada ante las autoridades europeas, aunque es rechazada por algunas entidades de productores de Argentina, que consideran a este reglamento una intromisión de Europa dentro de las libertades productivas, ambientales y normativas de los países, sobre todo de establecer sus propias legislaciones.
En adición, el gobierno argentino, con la colaboración del sector privado, presentó a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea un informe sobre la situación de las cadenas de la soja, del sector bovino y del sector forestal (los tres principales sectores de la Argentina afectados por el Reglamento), proveyendo información actualizada con datos fidedignos que respaldan la calificación de “riesgo bajo”.
“En cuanto a la evaluación, también llama la atención que los compromisos convenidos en materia de deforestación en el marco del Acuerdo de Asociación entre el MERCOSUR y la Unión Europea -anunciado el 6 de diciembre de 2024- no hayan sido considerados a los fines de asignar el nivel de riesgo país”, concluyeron desde la Secretaría de Agricultura.
